La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió este lunes, 3 de febrero, que la congelación de recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) impactará fuertemente en el desarrollo de procesos relacionados con víctimas del conflicto en el país.
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Alejandro Romelli, presidente de la JEP, señaló que la entidad recibe aproximadamente $15.000 millones de esta agencia internacional para la atención de casos relacionados con comunidades étnicas y violencia sexual. La interrupción de estos fondos, según indicó, afectará directamente la logística de los macro casos, así como el acompañamiento psicosocial de las víctimas y el desplazamiento de comparecientes.
De acuerdo con lo que Romelli detalló, cuatro programas financiados por USAID y dos del Departamento de Estado de los Estados Unidos han sido suspendidos, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las actividades relacionadas con el acceso a la justicia. Aunque la JEP cuenta con el apoyo de otros cooperantes internacionales, advirtió que la afectación es evidente.
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“Nosotros sí hemos sufrido la congelación de unos fondos, había cuatro programas de USAID, dos del Departamento de Estado, y uno de los temas que avanzaba en esos programas que tiene que ver con las afectaciones de comunidades étnicas y otro es el tema de violencia sexual. Entonces, sí hay, claramente, un impacto en estos casos”, señaló Romielli.
El magistrado expresó que espera que la decisión sea reversible y que el Gobierno nacional pueda contribuir con la transferencia de recursos para mitigar el impacto de esta situación.
Asimismo, recordó que el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de apoyar a la JEP en este aspecto y reiteró la importancia de garantizar la continuidad de los procesos en curso.
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La congelación de estos recursos incide en la realización de audiencias y notificaciones, procesos en los que participan miles de víctimas. En este orden de ideas, la JEP enfatizó en la necesidad de asegurar el financiamiento para evitar que las restricciones presupuestarias afecten la atención de quienes buscan justicia en el marco del proceso de paz.
“Esa congelación de esos fondos, que esperamos sea algo provisional y que realmente se pueda revertir, pues sí afecta. (...) No estamos hablando de casos individuales, sino doscientos mil. Entonces, cada celebración de estas audiencias, de las notificaciones, pues efectivamente se ven afectados”, explicó el alto funcionario.
