La ex alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, envíada a la cárcel en una guarnición militar por el escándalo de la Ungrd, hizo revelaciones clave sobre el caso de corrupción
En entrevista con el noticiero televisivo Noticias Caracol, lo primero que dijo es que ella es un “chivo expiatorio” de una mujer muy poderosa y cercana al presidente con un familiar que al parecer pidió $12 mil millones para dar la dirección de la Ungrd.
“Cuando digo que soy un chivo expiatorio es cierto. Hay una verdad que le quiero contar al país, pero no tengo las garantías”, sostuvo, al decir que “mi vida corre peligro, me han hecho dos atentados, que ya he denunciado ante la Fiscalía, de gente muy poderosa”.
También afirmó que “al principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo. Es una persona que asesinaron”. Sin embargo, no quiso dar el nombre del sujeto. Pese a esto, se presume que sería Pedro Aguilar, un esmeraldero asesinado en agosto de 2024 en el norte de Bogotá, indica el reporte.
De igual modo, aseveró que todo lo que ella hacía era recibir instrucciones de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia.
“Todo lo que hice en la Consejería, no hubo un solo paso, un punto y coma, que yo no lo haya reportado, porque yo lo único que hacía era recibir órdenes de Carlos Ramón (González), que era mi jefe”, aseguró.
Señaló, además, que cayó en “desgracia” cuando hizo denuncias a González: “Una mujer cercana al presidente” supuestamente armó un “complot” en su contra, había dicho Ortiz en diciembre pasado, aunque no mencionó directamente a la saliente directora del Dapre, Laura Sarabia -futura canciller y mano derecha del presidente Gustavo Petro-.
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Y ahora, sobre la mujer cercana al presidente que mencionó en diciembre dijo: “Yo no voy a decir que no es Laura Sarabia”. “Sí hay una mujer, y no lo voy a decir”, afirmó, y añadió que “son dos mujeres”. Pero optó por no mencionar a nadie. “No lo voy a decir acá, pero sí existe algo”. Pero aseguró que esa persona “tiene un familiar que le ofreció a unos empresarios en una reunión el cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo en el 2023. Yo me enteré de eso e inmediatamente fui y le avisé a Carlos Ramón (González). Haber informado de esa reunión significó que esa persona... mejor dicho, ‘me cogieron entre ojos’”.
Y concluyó que hay que profundizar en el presupuesto de $3 billones para Olmedo López, ex director de la Ungrd, donde están todos los escándalos y agregó que lo que por ahora se sabe es solo la punta del ‘iceberg’.
Señalamientos de la Fiscalía a Ortiz
Ortiz fue enviada en diciembre pasado a la cárcel en una guarnición militar por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, convirtiéndose así en la primera exfuncionaria de la Presidencia de Gustavo Petro en ir tras las rejas por el caso de presunto desvío de dineros públicos para beneficiar a funcionarios, contratistas y congresistas, entre otros fines, para que al parecer se tomaran decisiones en el Congreso a favor de los intereses del Ejecutivo.
La Fiscalía señala a Ortiz Nova, concretamente, de recibir $3.000 millones y supuestamente entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, de la Alianza Verde, copartidario de la exconsejera.
Por ello, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exfuncionaria imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó.
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“La exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la Ungrd y el entonces presidente del Congreso. (…) Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, ex director y ex subdirector de la Ungrd, respectivamente, una maleta con $1.500 millones en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez. Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros $1.500 millones, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el ex presidente del Congreso”, se lee en el documento del ente acusador.
Estos recursos, agregó el organismo de investigación penal, “corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Ungrd que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
Ortiz, por su parte, aseguró que todo esto se trata de un “show que armaron en Presidencia durante más de dos semanas, en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos. Eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y en muchos funcionarios implicados. Yo no puedo decir hoy nombres porque es decirle mentiras, pero yo era su chivo expiatorio”.
Además, se refirió a una persona que “armó” el “complot” y aseveró que se trata de una mujer “muy poderosa en Presidencia” que se encargó de que ella estuviera en la posición en la que está actualmente.
“Esa persona tiene mucho poder, y está al lado del presidente. Ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá (...). Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de Presidencia, también con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas”, afirmó.
Así mismo, aseguró la exconsejera que cuando evidenció irregularidades en la compra de los carrotanques, alertó a la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Laura Sarabia: “El 15 de abril ante la Corte a nosotros nos citaron durante más de cinco horas y yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques (...), yo generaba unas alertas mensualmente donde avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más (...). Soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira”.
Sarabia, por su parte, le respondió en sus redes sociales: “Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información. Mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la Ungrd e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero”.
Y concluyó la mano derecha del mandatario: “He cumplido mi labor como funcionaria pública pero entiendo que el que las hace se las imagina”. Por ello, acto seguido, denunció por injuria a Ortiz.
A raíz del escándalo de corrupción de la Ungrd ya han salido de sus cargos cinco altos exfuncionarios del Gobierno. La más reciente dimisión ocurrió a principios de diciembre y fue la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las declaraciones en la Fiscalía de su exasesora María Alejandra Benavides y luego de la denuncia anónima que le llegó y que trasladó al ente acusador el saliente jefe de la cartera económica sobre presunto tráfico de influencias en la Hidroeléctrica de Urrá del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y del hijastro del presidente Nicolás Alcocer Petro.
Y al igual que Bonilla, han salido de sus cargos en medio de este escándalo de la Ungrd Olmedo López, exdirector de la entidad, judicializado y con un preacuerdo con la Fiscalía; Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior, mencionado en el entramado; el ex director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, también salpicado en el expediente; y Ortiz, enviada a prisión.
Sandra Liliana Ortiz Nova nació en Paz de Río, Boyacá, es administradora de empresas, comenzó en 2006 su labor pública como asesora del Congreso, fue funcionaria de Coldeportes, secretaria de Participación de Boyacá en 2012, militó en el Partido de la U, y se desempeñó como representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y como senadora entre 2018 y 2022 por los verdes. En mayo de 2023 se posesionó como consejera para las regiones y en mayo de 2024, tras ser mencionada por Pinilla, a los pocos días presentó su renuncia. Fue imputada por la Fiscalía en noviembre pasado y enviada a la cárcel el pasado 18 de diciembre.
