La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que estableció en la Superintendencia de Salud 13 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen posible alcance fiscal por $5.640 millones, siete son de presunto carácter disciplinario y dos más con otras posibles incidencias, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente.
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El ente de control advirtió “deficiencias en el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia en el correcto flujo de los recursos de las EPS en medida especial hacia el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Así mismo, se encontraron debilidades en las funciones de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la Supersalud, por ejemplo en casos como el de la EPS Indígena Dusakawi, lo que ha permitido que durante 11 años se prorrogue la medida cautelar de vigilancia especial, sin observar cambios que beneficien el flujo de los recursos, incumpliendo con los indicadores de los componentes técnico científico, jurídico y financiero, y sin que a la fecha se haya logrado solucionar la crisis de la EPS en mención.
“Otro hallazgo relevante se enmarca en la asignación de los agentes interventores por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, desde el mecanismo Excepcional, el cual vulnera el principio de equidad, ya que los asignados no cumplieron con todas las condiciones que se establecen en la Resolución 2599 de 2016″, agrega el reporte.
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También detectó una serie de presuntas irregularidades y hallazgos como inoportunidad en la gestión de cobro y radicación ante las EPS, por concepto de incapacidades y licencias de maternidad.
Y uno se los casos destacados de dio en la “inoportunidad en la radicación de acreencias, como en el caso del Hospital Universitario Cari en Barranquilla, donde siete meses después de que el liquidador determinara el pasivo no reclamado, se generó una pérdida del cobro de sus derechos por $139.842.318″.
