El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende los programas de ayuda exterior, incluyendo los destinados a Colombia. Esta medida busca evaluar si dichos programas están “alineados” con los intereses estadounidenses.
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La orden, que entró en vigor el pasado lunes 20 de enero de 2025, establece un periodo de 90 días para analizar la “eficiencia programática” y la “coherencia con la política exterior de Estados Unidos”. “La industria y la burocracia de ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses. Sirven para desestabilizar la paz mundial al promover en países extranjeros ideas que son directamente opuestas a las relaciones armoniosas y estables dentro de los países y entre ellos”, se lee en el documento.
La orden ejecutiva implica que todos los jefes de departamentos y agencias responsables de estos programas deberán suspender inmediatamente nuevas obligaciones y desembolsos de fondos hacia países y organizaciones no gubernamentales.
“Todos los jefes de departamentos y agencias con responsabilidad sobre programas de asistencia para el desarrollo exterior de los Estados Unidos suspenderán inmediatamente las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de asistencia para el desarrollo a países extranjeros y organizaciones no gubernamentales ejecutoras, organizaciones internacionales y contratistas”, se agregó.
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Con esta suspensión, los aproximadamente 380 millones de dólares anuales que Estados Unidos asigna a Colombia, un monto que se ha reducido en comparación con los 410 millones del año anterior, estarían en riesgo. Esta ayuda ha sido crucial desde la implementación del Plan Colombia y el trabajo conjunto a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El secretario de Estado, Marco Rubio, jugará un papel clave en la evaluación de estos programas y decidirá si se deben continuar, modificar o cesar pues él será el que dé la última palabra a los análisis que en los 90 días subsiguientes a la firma de la orden ejecutiva hagan los directores de los departamentos y agencias, “sobre si se debe continuar, modificar o cesar cada programa de asistencia extranjera”.
