En la última semana en la Casa Blanca de Joe Biden, Colombia y Estados Unidos acordaron una nota interpretativa o aclaratoria sobre el TLC de 2012 entre ambos países.
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Esto en medio de las dudas que han expresado sectores estadounidenses sobre la protección a sus inversionistas con el acuerdo, mientras que hay también sectores colombianos que temen que se afecte el tejido empresarial.
Se lee en este sentido en el pacto que el tratado “no trata de minar la capacidad de una de las partes de tomar medidas que considere apropiadas para atender preocupaciones ambientales, incluso si aquellas medidas pueden afectar el valor de una inversión” y que “para que un reclamo por expropiación tenga éxito, el reclamante debe demostrar que la medida del Gobierno destruyó todo o virtualmente todo el valor económico de su inversión o interfirió a un nivel tal o una restricción de tal manera que se lleva la conclusión de que la propiedad ha sido tomada de su dueño”.
El Ministerio de Comercio explicó al respecto que “se han identificado términos que pueden llevar a malas interpretaciones de los compromisos pactados en el inicio del acuerdo, que pueden derivar en demandas frívolas o abusos por parte de inversionistas que buscan sacar partido”.
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Agrega la cartera de industria que “también defiende la soberanía de los jueces y autoridades colombianas. Se establece explícitamente que los tribunales de inversión no son una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar el fondo de las decisiones emitidas por los jueces y autoridades nacionales, que fue justamente lo que ocurrió en el caso de Telefónica, en el marco del Acuerdo de Inversión con España”.
A su vez, el Departamento de Comercio de Washington señala que “la decisión no modifica el TLC ni crea nuevos compromisos ni limita los existentes. Más bien, refleja la interpretación que Estados Unidos mantiene desde hace tiempo de los estándares de protección de las inversiones en virtud del TLC”.
