En un hecho significativo para la defensa de los derechos colectivos, el Tribunal Administrativo de Arauca ha admitido una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y del Interior la cual advierte sobre el alarmante deterioro de la seguridad en el departamento, atribuido a la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y a la creciente influencia de grupos armados ilegales.
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Según la FEDe. Colombia, estos grupos han establecido un control social y territorial considerable en Arauca, llevando a cabo actividades delictivas que incluyen el cobro de peajes ilegales, secuestros, amenazas y combates, además de haber confinado a al menos 13 comunidades indígenas.
La situación es crítica, ya que la población indígena, que representa el 39% de los habitantes del departamento, se encuentra gravemente afectada, con un total de 6.398 personas en riesgo.
“Revisada la demanda se observa que se ajusta a los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y en los artículos 144, 152 numeral 14, 161 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), por lo cual se admitirá”, se lee en la demanda.
“Por tratarse de un tema en el que pueden tener interés directo, se ordenará la vinculación de: (i) La Procuraduría General de la Nación, (ii) La Defensoría del Pueblo; (iii) El Departamento de Arauca; (iv) El Municipio de Arauca; (v) El Municipio de Arauquita; (vi) El Municipio de Cravo Norte; (vii) El Municipio de Fortul; (vii) El Municipio de Puerto Rondón; (ix) El Municipio de Saravena; (x) El Municipio de Tame; (xi) Fiscalía General de la Nación; (xii) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (xiii) Contraloría General de la República”, agrega el Tribunal.
La acción popular está respaldada por un análisis de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de la Procuraduría General y reportes de la ONU, lo que refuerza la argumentación de la Fundación sobre la falta de acción del Estado para garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agrega el Tribunal en el comunicado compartido.
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En su solicitud, la Fundación pide al Tribunal que declare vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y la moralidad administrativa. Asimismo, instan a que se implementen medidas urgentes para salvaguardar a las comunidades indígenas y a toda la población de Arauca.
Además, la FEDe. Colombia ha llamado a la participación ciudadana, invitando a los afectados a respaldar la acción popular mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, utilizando el número de radicado 81001233900020240006000, con el fin de fortalecer la demanda por soluciones estructurales ante esta crisis.
