La delegación de paz de la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc, solicitó al Gobierno nacional colaborar con la verificación de una carta supuestamente firmada por alias Iván Márquez en la que desautoriza a Walter Mendoza, jefe negociador de este grupo armado. Esto al término de la reunión que sostuvieron las delegaciones en Puerto Asís, Putumayo, este sábado 16 de noviembre.
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“Frente a la comunicación del camarada Ivan Márquez de fecha 12 de noviembre de 2024, manifestamos nuestra preocupación pues solo hasta hoy se conoció su contenido por parte de la Delegación de Paz de la S.M. encabezada por el jefe negociador Walter Mendoza, al igual que por la delegación del Gobierno nacional”, indicó la delegación del grupo disidente en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y demás líderes del proceso de paz.
Agregó que “teniendo en cuenta la incertidumbre respecto de la autenticidad de los documentos recibidos con firma de Iván Márquez, se solicita al Gobierno nacional que por medio de sus vías diplomáticas colabore con su verificación”.
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En la supuesta comunicación de alias Iván Márquez se advierte al Gobierno que las decisiones que se tomen durante las reuniones con Walter Mendoza no comprometen a la Segunda Marquetalia, ya que la “dirección” del grupo disidente, la cual él asume, “no se puede confundir” con la delegación de paz, dejando ver una división interna en la organización subversiva.
Tras conocer la carta, la delegación de paz manifestó al Gobierno su “firme convicción de continuar con el proceso de paz, en el marco de la paz total” por decisión de “los comandantes de los Comandos De Frontera E.B. y la comandancia de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico”.
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Los mismos solicitaron “continuar con los diálogos permanentes e interrumpidos desde los territorios; en lo político, económico, cultural y social, que nos permitan avanzar en la construcción de paz, de cara a nuestras comunidades y atendiendo su clamor por la paz, el desarrollo y protección del medio ambiente”.
Por último, reitaron su “compromiso de no atacar a la fuerza publica, de respetar los derechos humanos y de proteger a la población civil, frente a lo cual esperamos reciprocidad por parte del Gobierno Nacional, en aras de evitar confrontaciones que puedan afectar el desarrollo de las negociaciones de paz y la tranquilidad de la población civil”.
