La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc como máximos responsables del reclutamiento forzado de niñas y niños en Colombia. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillo, quienes fueron imputados por crímenes de guerra en contra de los menores en el contexto de la “vida intrafilas”, incluidos “malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”.
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Ante esto, los mismos responsables se pronunciaron, reconociendo que estos hechos sí ocurrieron y que todos esos acontecimientos “no debieron haber ocurrido”.
Esta reacción de los ex jefes de las Farc por supuesto no cayó bien en el grupo de víctimas, quienes reclaman que a pesar la decisión, aún falta camino por recorrer para individualizar estas acciones en contra de menores de edad.
“Es una gran victoria de las víctimas frente a la acostumbrada situación que tenían de olvido. Este caso ayuda a visibilizar la problemática que vivieron en las dinámicas del conflicto las niñas y mujeres obligadas a ingresar a las filas, además de que ratifica que todas las denuncias que desde hace más de cinco años hemos venido presentando son ciertas”, dijo Adel González Guzmán, representante legal de la Corporación Rosa Blanca, a El Tiempo.
Agregó ante el mismo medio: “Hace falta camino. Este es el auto que determina los hechos y conductas dentro del reclutamiento, endilgando responsabilidad a los máximos responsables de las Farc, pero hace falta, precisamente, la individualización... Ya estamos en curso de la investigación regional para la imputación de los hechos concretos y los responsables en los territorios. En esta medida, confiamos que, frente a los máximos responsables, se encuentre sindicación como autores materiales de estos delitos, especialmente delitos sexuales”.
Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, expresó en su cuenta de X: “La imputación a líderes de las extintas FARC por el reclutamiento de 18.677 niños y niñas es un paso histórico. Su reconocimiento de responsabilidad y la imposición de sanciones que aseguren restricción efectiva de libertad será determinante para garantizar justicia”.
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Desde el ámbito político también hubo reacción. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien también es precandidata presidencial, se refirió al tema asegurando que no debe haber impunidad en el país para así llegar a una verdadera paz.
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“Mientras en este país haya impunidad será muy difícil ver la verdadera paz, que no se construye liberando criminales”, publicó.
