La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Unidad para las Víctimas de Colombia que revise si tiene incluido en sus registros a las 2.721 víctimas acreditadas de secuestros de las extintas FARC y que proceda a reconocerlas e indemnizarlas.
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A través de un auto, la JEP dio esta orden a la Unidad para las Víctimas -dos de los organismos creados por el acuerdo de paz- que deberá cumplir antes del 1 de septiembre de 2025 para que las víctimas puedan acceder a medidas de reparación y asistencia.
La petición, realizada por la magistrada Julieta Lemaitre, responde a las reiteradas solicitudes de estas víctimas, que forman parte del caso 01 que estudia la JEP y por el que ya ha sido acusado la última cúpula de las extintas Farc.
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“La Unidad para las Víctimas deberá además revisar los casos de aquellas personas registradas como víctimas indirectas de secuestro, pero que también son víctimas directas de otros crímenes cometidos por la extinta guerrilla durante el cautiverio. Estos crímenes incluyen homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos”, apuntó la JEP.
La JEP realizó la primera imputación -para la que aún no hay sentencia- de su historia en este caso que juzga la toma de rehenes por parte de las Farc y por la que consideró responsables la última comandancia de la extinta guerrilla, incluido su exjefe Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, por toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
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Además, en los últimos meses también ha realizado tres imputaciones -de siete- a mandos medios de varios frentes y columnas por su responsabilidad en estas prácticas.
