La Fundación para el Estado de Derecho mostró su desacuerdo ante el Proyecto de Ley S-183 de 2024, el cual fue radicado ante la comisión primera del Senado el pasado 27 de agosto de 2024 por los ministerios de Agricultura, de Justicia y del Interior.
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Según como se lee en el documento expedido, “el proyecto tiene por objeto determinar la competencia y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, así como establecer los principios que rigen las actuaciones judiciales de la justicia agraria y rural”.
Ante esto, la organización reunió un grupo de abogados expertos en temas sociales y agrarios para desplegar una investigación exhaustiva, quienes encontraron que el proyecto actual sobre la jurisdicción agraria y rural podría poner en riesgo los derechos de propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica.
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Algunos de los factores que la Fundación halló fueron el principio de “permanencia agraria”, el cual consideran que limita la capacidad de los propietarios para proteger sus tierras frente a ocupaciones indebidas.
Asimismo la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras designe o adquiera tierras a través de procedimientos administrativos rurales sin un control judicial adecuado, los riesgos para el debido proceso que generan desigualdad en los procedimientos judiciales de la nueva jurisdicción agraria y la falta de claridad en el régimen de transición hacia la nueva jurisdicción agraria.
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“La jurisdicción agraria y rural debe implementarse sí, pero sin violar principios del Estado de Derecho. Como están redactadas algunas de estas normas, no se va a generar más paz en el campo sino nuevos conflictos más graves que los que tenemos hoy por cuenta de las luchas por tierras en el pasado”, manifestó Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho.
Y agregó: “si no se corrige el rumbo y se hacen los ajustes, lo que se viene es un tremendo caos jurisdiccional”.
