A través de un comunicado emitido a los medios de comunicación el pasado viernes, 1 de septiembre, el conglomerado financiero Grupo Aval y Corficolombiana, salieron a aclarar lo que consideran ‘imprecisiones e interpretaciones equívocas’, respecto a los acuerdos que firmaron semanas atrás con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
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Mediante el extenso documento, que está construido en formato de abecé, ambas compañías responden a los comentarios y preguntas que se derivan de las versiones que están circulando respecto a todo lo referente a dichos acuerdos.
Así entonces, en un principio las entidades se refieren a la naturaleza del acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el DOJ, respecto al cual aclararon si conllevaba o no una sanción o sentencia penal o criminal en firme contra Corficolombiana.
Según precisaron, los DPA 'son un tipo de acuerdo entre el DOJ y una compañía, por medio del cual el DOJ presenta cargos contra la compañía, pero acepta suspender el proceso de esos cargos por un período de tiempo siempre y cuando la entidad acepte cumplir ciertos requisitos o condiciones. Si la compañía cumple esas condiciones, el DOJ desestimará los cargos. La celebración de un DPA termina la investigación del DOJ con respecto a esa compañía en particular'.
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Y agregaron que, en su caso particular, 'en tres años, el DOJ desestimará el cargo en contra de Corficolombiana siempre y cuando CFC cumpla con las obligaciones del DPA durante ese periodo', obligaciones que incluyen 'el pago de una multa pecuniaria por parte de Corficolombiana (US$20.3 millones) y el cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con reportes periódicos y de compliance'.
Además, aclararon que esto no se trata de una condena penal, puesto que 'bajo la ley americana, Grupo Aval y CFC no han sido condenados de ningún crimen, ni por el DOJ y ni por la SEC'.
En tanto que, en lo que al acuerdo con la SEC se refiere, el grupo financiero aclaró si el pago efectuado correspondió a una multa o sanción, o a 'una devolución de una utilidad indebida'.
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'Es una orden civil-administrativa impuesta por la SEC, y no es un documento presentado ante una corte. La Orden instruye a la compañía que 'cese y desista' (en otras palabras, se abstenga) de cometer o causar cualquier violación mencionada en la Orden, o de cometer cualquier violación futura a la Ley FCPA. En la Orden de Cease and Desist de este caso no hay ninguna acusación de que Grupo Aval o CFC estén actualmente violando la Ley FCPA. Tal como lo indica la Orden, la conducta cometida por el antiguo ejecutivo de Corficolombiana terminó en 2016', señalaron en primera instancia.
Y, posteriormente, manifestaron: 'Como parte del acuerdo negociado con la SEC, Grupo Aval y Corficolombiana acordaron hacer una 'devolución de beneficios obtenidos' (beneficios calculados de acuerdo con las normas americanas; la devolución es llamada disgorgement bajo la ley americana) sumando un total de $32.1 millones de dólares, más intereses de $8.1 millones de dólares'.
Por otro lado, Grupo Aval y CFC se pronunciaron sobre la 'imprecisión' que han cometido algunos medios al declarar que ambas compañías han admitido en sus acuerdos con las autoridades americanas 'haber pagado sobornos a funcionarios del Gobierno colombiano'.
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Al respecto dijeron: 'Los acuerdos con el DOJ y la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval, ni contra ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana, salvo contra el antiguo ejecutivo de CFC', misma aclaración que el conglomerado ya había hecho semanas atrás.
'Ni la SEC ni el DOJ han acusado a Grupo Aval de haber participado en hechos de corrupción. El único reclamo que la SEC hizo contra Grupo Aval es que, como resultado de la conducta del antiguo ejecutivo de CFC, CFC hizo que Grupo Aval infringiera las disposiciones de libros, registros y controles contables internos de la Ley FCPA', precisaron las entidades en el comunicado.
En este mismo sentido, las compañías aclararon lo siguiente respecto a otras 'imprecisiones' mediáticas:
- Grupo Aval y Corficolombiana no admitieron ante el DOJ y la SEC la culpabilidad de José Elías Melo porque 'ese tipo de admisiones sólo las puede hacer la persona acusada'.
- Grupo Aval y Corficolombiana jamás han pagado para que los saquen de investigaciones en Colombia o en el exterior.
- Desde el primer día Grupo Aval y Corficolombiana han prestado toda su colaboración a las autoridades en Colombia, atendido todas las solicitudes documentales, declarado cuando ha sido necesario y presentado ante la Fiscalía varias denuncias en averiguación en relación con los hechos que se vinieron a conocer.
- Los contratos ficticios utilizados para el pago de sobornos a funcionarios públicos fueron pagados exclusivamente por CRDS o Consol, vehículos controlados por Odebrecht, socio mayoritario con una participación del 62%.
- En ningún momento en su entrevista con la Revista Cambio, el Dr. José Elías Melo manifestó que los Dres. Sarmiento o Junta alguna hubiera conocido o aprobado un soborno.
