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En las afueras de la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, los defensores públicos que ejercen sus funciones con la contratación de prestación de servicios realizaron un plantón exigiendo el pago de los honorarios de diciembre de 2025. Indicaron que la jornada se hizo a nivel nacional, ya que en todo el país hay más de 4.000 empleados en la misma situación y en el departamento más de 100.

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“Se está haciendo presencia en todas las regionales del país de la Defensoría del Pueblo a raíz de la falta de pago de los honorarios de los defensores públicos, desde noviembre de 2025, el Gobierno nacional no ha respondido al pago de los mismos, a pesar de que desde la dirección nacional se ha hecho toda la gestión, pero el Ministerio de Hacienda no da respuesta positiva ante esta situación”, indicó Rosanis Jiménez, miembro de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo.

Indicó que en el 2025 no hubo aumento salarial y a la fecha los afectados siguen esperando pago.

Por su parte el abogado Elías Daza Rincones, indicó que hay un gran número de empleados por prestación de servicios, para lo cual acordaron un monto salarial con la entidad para ofrecer sus honorarios a la comunidad en temas judiciales y trámites legales.

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“Nosotros tenemos por prestación de servicios en el cual acordamos un monto y se presta el servicio a la comunidad, de acuerdo a condiciones internas con el contratante en este caso la Defensoría del Pueblo. Cada año se nos hace un reajuste de acorde con el presupuesto de la institución y el incremento del salario mínimo. El sueldo está categorizado en 5.000.000 de los cuales debemos pagar la seguridad social. Tenemos una carga laboral grande que nos permite tener tiempo para asumir negocios particulares, ya que llevamos un promedio de 80 a 100 casos por mes”, explicó Daza Rincones.

De igual manera subrayó que laboran en condiciones precarias, no tienen vacaciones y es decisión de la Defensoría una contratación de planta. Hay trabajadores que llevan hasta 30 años con contratos de prestación de servicios. “No sabemos cuándo nos van a pagar, el Ministerio de Hacienda, no le ha girado los recursos a la Defensoría es una problemática nacional”.

En diciembre pasado la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó que no podían pagarle a los contratistas debido a un recorte en el presupuesto del Ministerio Público.

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En su cuenta de X, Marín afirmó que “el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo fue definido unilateralmente por el Ministerio de Hacienda. El monto incluido era menor al solicitado y menor al que se había asignado en 2025”.