La quema de maquinaria pesada durante la madrugada del lunes en el departamento de Cesar, en un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), generó el rechazo de autoridades locales y nacionales, que exigieron acciones inmediatas por parte del Gobierno para reforzar la seguridad en esta zona del país.
El hecho, que se presentó en el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, afectó directamente al consorcio encargado de las obras de infraestructura vial sobre la Troncal del Magdalena 2. Según información preliminar, un grupo armado ingresó violentamente a la unidad operativa del proyecto y destruyó más de 30 equipos, entre los que se encontraban excavadoras, mezcladoras de concreto, camabajas, carros tanque, trituradoras, cargadores y vibrocompactadores.

Además del daño a la infraestructura, dos vigilantes fueron retenidos y agredidos por los atacantes. Posteriormente, uno de ellos logró dar aviso a las autoridades luego de escapar de sus ataduras.
El alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, se pronunció sobre el ataque e hizo un llamado a las autoridades competentes: “Rechazamos de manera contundente este hecho. No queremos que en nuestro territorio se repitan estas situaciones. Es urgente avanzar en la búsqueda de los responsables”.
El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, informó que el suceso fue reportado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “Solicitamos presencia institucional inmediata. El departamento está viviendo una situación de alta complejidad con la presencia de distintos actores armados ilegales, lo que evidencia una creciente presión en zonas rurales y sobre proyectos estratégicos”, expresó.
Desde el nivel central, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también condenó el atentado: “Rechazamos categóricamente estos actos violentos que atentan contra la vida, la infraestructura y el desarrollo del país”.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, enfatizó que este tipo de hechos compromete no solo la estabilidad del proyecto, sino también la continuidad laboral de cientos de trabajadores en la región. “La Troncal del Magdalena 2 es una vía clave para la transformación del territorio. Atacar esta obra es atacar el desarrollo regional y nacional”, afirmó.
A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Transporte y la ANI aseguraron que se ha activado un protocolo de evaluación de daños y coordinación con las autoridades militares para asegurar el área y retomar progresivamente las labores.
El Ejército Nacional, por su parte, desplegó tropas de la Décima Brigada en la Ruta del Sol, especialmente entre Pelaya y Curumaní, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y habitantes de la zona.
La concesionaria Autopista del Río Grande, encargada del proyecto, no emitió declaraciones, pero continuó publicando en sus canales oficiales información relacionada con el estado de las obras y trabajos de mantenimiento en la zona.
El proyecto Troncal del Magdalena 2 hace parte de un conjunto de obras estratégicas para mejorar la conectividad entre la región Caribe y el interior del país. Según datos oficiales, esta obra busca disminuir los tiempos de viaje en cerca de dos horas y facilitar el tránsito de mercancías como productos agrícolas, derivados del petróleo y ganado.
Desde el sector privado, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) también rechazó los hechos, señalando que este tipo de ataques afectan la confianza de los inversionistas y el progreso económico de las regiones.
“No se trata de un caso aislado. Son acciones sistemáticas que vulneran la infraestructura vial y ponen en riesgo a la población civil. Reiteramos el llamado al Ministerio de Defensa para tomar medidas contundentes que protejan estas obras y garanticen la movilidad en todo el territorio nacional”, expresó la agremiación.
Las autoridades mantienen presencia militar en el área y avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del atentado. Por el momento, no se reportan personas desaparecidas ni víctimas fatales.
