Se cumplen 25 años de la fatídica desaparición de ‘Los muchachos del CTI’, adjetivo que le fue puesto debido a que estas víctimas de los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, no superaban los 40 años. El menor de ellos tenía 26 años, y desde los 20 había ingresado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, como investigador técnico.
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Ese día, 9 de marzo del año 2000, los 7 funcionarios, cuatro de ellos adscritos a la subunidad de Codazzi: Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano y Edilberto Linares Correa; y de Valledupar: Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle, se desplazaron con destino a los predios de la Hacienda Holanda, ubicada entre Minguillo, municipio de La Paz, y la trocha de Verdecia, jurisdicción de Codazzi.
La función era cumplir con la exhumación del cuerpo de un vendedor de paletas identificado como Alcides Tiburcio Rivera Palencia, que también fue asesinado y desaparecido por las AUC.
El responsable de la comisión era el investigador Linares Correa, encargado de la subunidad del CTI de Codazzi, por ser el de mayor experiencia investigativa, pues antes había estado en el DAS.
Los primeros en sospechar que algo había pasado con ‘Los muchachos’ fueron sus familiares, puesto que eran las 5:00 de la tarde de ese 9 de marzo y no regresaban. Una de las primeras en tener una corazonada fue Claudia Balsero Giraldo, esposa de Israel Alberto Roca Martínez, dactiloscopista del CTI.
Ella, de manera insistente, llamaba a las oficinas del CTI de la Fiscalía, en Valledupar, para que le dieran información de su esposo, pero le decían que todo estaba con normalidad, hasta las 8:00 de la noche cuando le dijeron de manera no formal: “Están desparecidos”.
Para ese entonces la presencia de los grupos armados ilegales era fuerte, tanto las Farc como el ELN se desplazaban por las partes altas e intermedias de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá, igualmente sobre las áreas planas del departamento ya se sentía la presencia de los grupos de seguridad privada y de paramilitares, especialmente sobre la trocha de Verdecia y el corregimiento de Minguillo y sus inmediaciones.
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Era un secreto a voces la presencia de un grupo de hombres ilegales que se movía por las haciendas y fincas de la región al mando de un sujeto llamado ‘Daniel’ y posteriormente por alias el Tigre, responsable material de la retención ilegal, muerte y posterior desaparición de los 7 investigadores del CTI .
Sin embargo, ellos sabían que para realizar dicha diligencia debían contar con el apoyo del Ejército Nacional para que les garantizara la seguridad en el área. Bajo esa premisa, ingresaron seguros de que un pelotón de soldados se encontraba en la zona asegurando el área, desconociendo que un día antes los uniformados del Ejército que permanecían en la zona se habían movilizado a prestar seguridad en la Feria Ganadera de Codazzi.
A pesar del tiempo transcurrido y en entrevistas a diversas fuentes de alta credibilidad, para esta publicación periodística, se encuentra que siguen existiendo más interrogantes que respuestas para los familiares que permanecen desconcertados porque no han sido hallados los cuerpos de sus familiares. Algunos dicen que la Fiscalía busca como para no encontrarlos.
EL HERALDO intentó tener una versión por parte de la seccional de Fiscalía en el Cesar, pero el caso está en manos del nivel central desde hace muchos años.
Los familiares han querido tener la verdad y en esa búsqueda han encontrado vacíos, como la no vinculación de personas que sí tenían que ser investigadas, y quienes decidieron tomar el liderazgo para saber qué ocurrió con sus seres queridos fueron amenazados, como es el caso de Claudia Balsero Giraldo, esposa de Israel Roca, el dactiloscopista del CTI.
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Ella lideró el grupo de víctimas de este atroz hecho, buscando la verdad y justicia por la desaparición de sus seres queridos, lo que la condujo a convertirse en doble mártir ya que fue amenazada, perseguida y hostigada y hoy permanece en el exilio junto a sus hijos, por temor a ser asesinada.
De acuerdo con archivos de la investigación –que aún no ha dado frutos concretos a pesar del paso de los 25 años, solo prospecciones de exhumaciones fallidas, capturas y condenas–, no ha sido posible dar con la ubicación de los restos de los 7 investigadores, y aunque los responsables materiales de los hechos han recibido condenas ninguno de ellos ha revelado el lugar exacto donde se encuentran ‘Los muchachos’, lo que hace suponer que existe un pacto de silencio entre los autores materiales e intelectuales y mantener sepultada la verdad de lo que ocurrió.
Claudia contó que en todo este proceso han existido vacíos desde el principio, recuerda claramente, como si el tiempo no hubiera pasado, lo último que conversó con su esposo y fue justo antes de salir a la comisión que lo esperaba en Codazzi, sin saber que más nunca lo volvería a ver y almorzar juntos como familia.
Ella sigue teniendo un reclamo contundente a la justicia desde el primer día que desaparecieron, “que encuentren los restos y se haga justicia. En estos 25 años no se ha hecho justicia. En todo esto hay fallas desde el principio, se desplazaron a una zona roja y meses atrás había una amenaza en contra de los servidores del CTI, eran objetivo militar, además ellos no eran un organismo de choque, eran científicos”.
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Otra de las fallas que resaltó es que a los familiares no los informaron de manera oficial, “en mi caso al notar la demora de llegar a la casa o la comunicación con mi esposo, empiezo a llamar cada 5 minutos hasta que un compañero le dice al que está al teléfono: dile la verdad. Seguidamente escuché: están desparecidos. Crearon falsas esperanzas diciendo que estaban vivos cuando ya estaban muertos, y lo sabían. Nos hicieron creer que los tenía la guerrilla”, resaltó Balsero Giraldo.
Con todo lo que pudo investigar, incluso hablando con Carlos Castaño, máximo líder de las AUC, está convencida de que los restos óseos están en la misma zona donde los asesinaron.
Otra de las víctimas que reclama justicia es Olga Anillo Trocha, hermana de Mario Abel, el más joven de todos. Previo a los hechos había estado 15 días de subdirector encargado en Aguachica. Llegó la noche anterior, es decir, el 8 de marzo, y al día siguiente se presentó a trabajar en las oficinas de Valledupar para entregar el informe de lo que había realizado en el sur del departamento, pero su superior no lo dejó, le ordenó que debía ir a Codazzi.
“Han sido años de mucho dolor, de no saber dónde están los restos óseos de mi hermano. Seguimos en la búsqueda de la verdad y reclamos de justicia, sin olvidar quién era nuestro ser querido, como tampoco olvidamos que nadie nos avisó de manera formal, nos enteramos por el avance informativo de Radio Guatapurí, y la última en enterarse fue mi madre, Petrona Trocha de Anillo, que al igual que mi padre, Mario Rafael Anillo, murió sin saber dónde estaba mi hermano. Incluso mi madre nunca quiso cambiar el teléfono fijo de la casa porque estaba convencida de que Mario Abel iba a llamar diciendo que estaba vivo”, puntualizó Olga Anillo Trocha.
Capturados sin verdad
La masacre fue ordenada por el excomandante del Bloque Norte de las AUC Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien de a poco ha aportado para el esclarecimiento de los hechos, siendo condenado a 25 años de prisión por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión Adjunto de Valledupar. Esta orden habría sido para hacer un “favor” a un tercero, siendo esta una de las tantas hipótesis.
También fueron condenados bajo la Ley de Justicia y Paz, Alcides Manuel Mattos Tabares, alias el Samario, quien dijo haber sido el encargado de tirar los restos al río Cesar, pero después se retractó diciendo que había sido una orden que recibió para desviar la investigación.
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Asimismo, fue condenado por estos hechos Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, comandante del frente paramilitar Juan Andrés Álvarez, alias el Tigre. Para el año 2000 fue el responsable de la retención, muerte y desaparición de los investigadores.
Igualmente dentro de la investigación establecieron que actuaron alias Gorgojo, ‘la Mona’, ‘Kevin’, ‘Guerrero’, ‘el Paisa’, ‘Martín’, y ‘Guajiro’, que fueron los encargados de someter a las víctimas y luego llevarlas al lugar donde las ultimaron. Las desmembraron y sepultaron para más nunca aparecer.
Pocas posibilidades
En el departamento del Cesar existe un universo de 4.365 personas dadas por desaparecidas. De estas 846 están en resolicitudes para ser encontradas por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Con relación a los siete desaparecidos del CTI, la directora nacional de la UBPD, Luz Janeth Forero, indicó que hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Departamento.
Explicó que de la recuperación de los 286 cuerpos exhumados en el cementerio Santo Ecce Homo de Valledupar es poco probable que siete de estos sean ‘Los muchachos’, porque estas personas en su mayoría tuvieron una inspección judicial y necropsia legal para finalmente ser sepultadas como cadáver no identificados.
“Se sigue en la búsqueda y es un caso que hace parte del trabajo que se desarrolla en el Cesar. Nosotros tenemos una particularidad y es que somos de carácter humanitario y extrajudicial, eso nos permite tener mayor acercamiento con los actores y aportantes de información. Estamos llevando la ruta de búsqueda a las cárceles y a muchos lugares donde tengamos indicios de información”, indicó Luz Janeth Forero.
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Puntualizó en que de las 846 resolicitudes de búsqueda, 108 pueden ser del conflicto armado, al tiempo que indicó que una de las limitantes que tiene es la falta de tecnología para buscar con mayor precisión y abordar cada hipótesis, para lo cual podrían aplicar la inteligencia artificial, de acuerdo con los avances tecnológicos en el tema, pero en la actualidad no tienen.
