La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que solicitó al alcalde de Valledupar, Cesar, Ernesto Miguel Orozco Durán, información acerca de la implementación de la política pública que tiene la administración municipal para esta población en condición de calle, que ha aumentado a nivel nacional.
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El organismo de control, en busca de defender el orden jurídico, el patrimonio público y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, entre otros, de dichas personas, pidió al primer mandatario del municipio la caracterización demográfica y socioeconómica para este grupo vulnerable en la ciudad.
También, para el Ministerio Público es importante conocer los instrumentos cualitativos y cuantitativos para la obtención de esta información y la periodicidad del censo.
Por tanto, la entidad requirió al funcionario entregue a este despacho los documentos soporte sobre la intervención social requerida para los habitantes en condición de calle; asimismo, si se llevó a cabo la política pública social comunicar sus componentes para su debida implementación.
La Regional del Cesar quiere conocer los servicios sociales diseñados para estos ciudadanos en la capital del departamento, y los procesos de focalización con el objeto de garantizar su protección.
En Valledupar la problemática de habitantes en condición de calle se evidencia con mayor presencia en la zona céntrica, calle 17 y detrás del Colegio Loperena, donde está ubicado el comedor comunitario de la iglesia Las Tres Ave Marías, donde por más de dos décadas la parroquia ha brindado alimentación a dicha población.
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Sin embargo, la presencia diaria de los indigentes ha causado consecuencias negativas en los alrededores del colegio, ya que muchos realizan sus necesidades fisiológicas en este lugar, botan desperdicios, duermen en los andenes y en ocasiones pretenden armar ‘cambuches’. Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el rector, Gonzalo Quiroz Martínez.
