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Hace un año se registró el incendio en la sede de la Registraduría Nacional, del municipio de Gamarra, previo a las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, cuando se eligieron alcaldes, gobernadores, concejales y diputados departamentales.

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Sin embargo, en ese momento en dicho municipios no se celebraron los comicios electorales debido a que un grupo de personas estaban en desacuerdo con ciertos candidatos y pedían garantías para ejercer su derecho a votar, pero todo terminó en tragedia, cuando los mismos manifestantes se presentaron en la sede de la Registraduría, desataron una asonada e incendiaron el lugar, lo cual trajo como consecuencia una fallecida, y dos lesionadas que aún no se recuperan de las lesiones causas por las llamas.

Ese día los hechos quedaron registrados en videos de celulares y se observa como varias personas con gasolina y fósforos le prendieron fuego la infraestructura, obviando que ahí se encontraban personas trabajando y organizando todo lo concerniente al certamen electoral.

La primera víctima Duperly Arévalo Carrascal, de 43 años, quien murió atrapada en las llamas y el humo. Su función era la de auxiliar administrativa en los procesos electorales. Era madre soltera y tenía dos hijos de 13 y 7 años.

Ofelia Patricia Castro Roca, registradora de Gamarra, fue dada de alta luego de 60 días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, para la fecha de los hechos. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, quedando con secuelas en su cuerpo, además de las psicológicas. No ha vuelto a trabajar y medicina ocupacional la calificó con invalidez, por lo que está en trámites de pensión anticipada.

El caso más complejo lo vive Rosenda Contreras, auxiliar administrativa, quien luego de ser dada de alta del hospital en Bucaramanga, sus familiares la trasladaron a Gamarra, pero se encuentra conectada a un ventilador mecánico porque su estado es vegetal.

“Como entidad y como país esperamos que un caso de esto no se vuelva a repetir en ningún municipio de Colombia”, dijo el delegado del registrador nacional para el departamento del Cesar, César Acuña.

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PRESUNTOS RESPONSABLES

Por este caso, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, capturó a Wilfrido Campos, William Castro Torrado, Yuberlys Bermúdez Rubiano e Isaias Peña Olivero, quienes tras ser judicializados fueron enviados a prisión, mientras que Julio Rojas Marín recibió casa por cárcel.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente acusador, los procesados coordinaron orquestaron un plan para que no se realizaran las elecciones regionales del domingo 29 de octubre de 2023. El propósito presuntamente era quemar los tarjetones electorales.

Una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio a Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos. El otro investigado, Julio Rojas Marín, fue imputado por el delito de violencia contra servidor público.

No obstante, aún falta por capturar a una sexta persona que se encuentra huyendo de la justicia, se trata de Cristian Yesid Lobo Pacheco.