Mientras en El Copey, al noroccidente del Cesar, sus habitantes amenazan con poner los ataúdes con sus muertos en la entrada de la alcaldía, o atravesarlos en la carretera nacional, que une al interior del país con la Costa, indicando no tener un sitio donde darles sepultura, una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tiene frenada la construcción de un cementerio nuevo en esa localidad, proyecto que cuenta con una inversión superior a los $2.300 millones, provenientes del Sistema General de Regalías, cuyas obras son consumidas por la maleza.
La JEP emitió medidas cautelares en el predio donde se construye el campo santo, dado el hallazgo en ese sector de restos de posibles víctimas de desaparición forzada y ‘falsos positivos’, ordenando al alcalde de El Copey, Francisco Meza, suspender cualquier tipo de intervención en ese lugar, a fin de conservar y recuperar los cuerpos. La medida tiene al borde de un incidente de desacato al mandatario que alcanzó a construir el 60 % del nuevo cementerio.
Y es que los trabajos se iniciaron, luego de que la Procuraduría Octava Judicial Agraria de Valledupar, a través de una acción popular, lograra que el Tribunal Administrativo del Cesar, con sentencia de septiembre de 2018, le ordenara a la Alcaldía 'amparar derechos colectivos de salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salubridad pública a los habitantes de El Copey', dado que el cementerio actual se encuentra en malas condiciones estructurales y sanitarias.
El cementerio colapsó, y la gente no tiene donde darle sepultura a los difuntos. La situación arreció con la pandemia, cuando a raíz de los fallecimientos, hubo que enterrar a los muertos en un lote cercano al dispuesto para el nuevo panteón.
