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El gobierno del Cesar aprovechará la visita del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, este viernes a Valledupar, para pedir la reubicación de la cárcel Judicial, localizada en un sector residencial de la ciudad.

El alto funcionario llegará a la capital del Cesar acompañado del director nacional del Inpec, general Norberto Mojica; del director de la Uspec, Andrés Díaz; y de la defensora delegada para la política criminal y penitenciaria, Diana Silva, quienes en mesa de trabajo con las autoridades civiles, organismos de control, analizarán temas relacionados con el hacinamiento y condiciones estructurales del centro de reclusión.

La visita del Ministro obedece a un requerimiento de la bancada parlamentaria y la administración departamental, a fin de buscar soluciones a la crisis que enfrentan los establecimientos, especialmente la Judicial que tiene un sobrecupo cercano al 400%, teniendo en cuenta que de una capacidad para 256 internos, alberga 998.

'Esta mesa de trabajo con el Ministro de Justicia es parte de los resultados, de lo que junto a la bancada de congresistas, podemos hacer realidad por nuestra tierra', indicó el gobernador Luis Alberto Monsalvo.

Reubicación, un viejo anhelo

La reubicación de la cárcel Judicial de Valledupar es un viejo anhelo tanto de la dirigencia como de la comunidad que habita en el barrio Dangond, quienes han vivido momentos de zozobra debido a los episodios violentos registrados en el penal.

Muchos lugareños vendieron sus casas, otros las colocaron en arriendo y el resto no le quedó más remedio que seguir conviviendo con lo que consideran una 'bomba de tiempo'. El establecimiento penitenciario es uno de los más hacinados en la Costa.

Han pasado 23 años del tres de abril de 1997, cuando comenzó el más cruento motín de la historia del penal en el que 10 reclusos se lo tomaron, tras apoderarse de las armas y enfrentar a la guardia. El caos duró 12 días, muchas balas rebotaron en las paredes de las viviendas de alrededor y el temor fue generalizado en la comunidad. La toma dejó cuatro muertos y tres heridos.

Desde entonces el clamor de los moradores del Dangond ha sido el mismo, y se revive cada vez que a lo largo de estos últimas dos décadas, se registra un amotinamiento, intento de fuga u otro hecho de orden público en la cárcel judicial.

'Aquí vivimos con los nervios de punta, porque uno nunca sabe cuándo se puede presentar una situación de alarma, hemos pedido que saquen la cárcel de nuestro barrio, pero no ha sido posible', dijo uno de los residentes.