Este 16 de julio, la Corte Suprema de Justicia emitirá un fallo sobre el proceso que le sigue al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presunta corrupción al elector.
El tribunal podría absolverlo o condenarlo; en el segundo escenario tendría que dejar el cargo, y el departamento en caso extremo pasaría a unas elecciones atípicas, en medio de las condiciones actuales por la pandemia de la COVID-19. El hecho por el que es investigado el mandatario se remonta a 2011, cuando en su primera campaña a la Gobernación del Cesar Monsalvo Gnecco habría hecho un pacto con líderes del sector de invasión Tierra Prometida en Valledupar para garantizarles viviendas dignas a cambio de votos.
La Fiscalía acusó formalmente a Monsalvo como presunto responsable del delito de corrupción al sufragante, por supuestamente prometer a más de 800 familias invasoras de predios en este municipio mantenerlas en esos sitios y ofrecerles casas, si votaban por él. La acusación la hizo el organismo de investigación indicando que a través de elementos probatorios se pudo determinar que el hoy mandatario, cuando adelantaba actividades proselitistas para la Gobernación en su primera candidatura, en la invasión Tierra Prometida, suscribió compromisos con los moradores de ese sector, los cuales fueron autenticados en Notaría.
Otro de los compromisos era que además incluiría a esas familias en los proyectos de construcción de vivienda digna que se hicieran en ese sector. Ese año con 172.064 votos, Luis Alberto Monsalvo fue elegido gobernador del Cesar para el periodo 2012- 2015. No obstante, ante el anuncio de que los invasores serían desalojados meses después, decidieron protestar y finalmente sacar el documento firmado por el entonces candidato, comenzando un largo proceso judicial que está llegando a su fin.
Piden condena.
La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación pidieron a la Corte Suprema de Justicia que condene al gobernador del Cesar por el delito de corrupción al sufragante; sin embargo, en su defensa, el mandatario ha insistido en su inocencia.
No obstante, el documento firmado señala: 'Los líderes que representan la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector'.
El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas Pérez, sostuvo que 'la firma de este documento no se trata, como lo ha dejado ver la defensa, de un momento de efervescencia política en medio de manifestaciones públicas. Sino de la entrega de una dádiva a cambio de votos de los electores que lo llevaría al cargo de gobernador del Cesar'.
Por su parte, la procuradora tercera delegada para la investigación y el juzgamiento penal ante la Corte Suprema, Miryam Ávila, indicó que 'para el Ministerio Público el señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco prometió consciente y voluntariamente una dádiva a un determinado grupo de ciudadanos habilitados para votar. Dicha dádiva consistió en el compromiso de dejar quieta y pasivamente a personas que ocupaban un terreno a cambio de que los líderes y toda la comunidad votara a su favor'.
El abogado Alejandro Sánchez, quien asumió la defensa de Monsalvo, manifestó que 'el documento es un texto preparado por la comunidad que él firmó. Pero lo que importa es el contexto, el contexto fue en un acto de campaña que nosotros incluso presentamos porque fue grabado y donde expresamente los representantes de la comunidad lo toman como un compromiso de carácter político para trabajar por el derecho a la vivienda digna de esas comunidades, derecho a la vivienda digna que ya había sido protegido por los jueces de tutela que ordenaron detener desalojos hasta que se les garantizara el derecho a la vivienda digna'.
Contratos en pandemia
El gobernador del Cesar también enfrenta investigaciones que adelantan la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, tras denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de mercados para familias vulnerables en medio de la emergencia sanitaria.
De hecho, el pasado 30 de abril, un equipo de los entes de control visitó la administración departamental con el fin de recaudar pruebas. La Procuraduría, además de abrir indagación formal, pidió a Monsalvo suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, ya que al visitar las sedes de los contratistas encontró casas desocupadas.
