Una encuesta de la Contraloría General de la República a 12.230 profesionales de la Salud en medio la emergencia sanitaria, realizada en los 32 departamentos del país, permitió determinar que el 63% manifiesta que deben tener más implementos que les garanticen mayor seguridad en la atención a los pacientes.
Esta situación se presenta de forma repetitiva en los departamentos de Cesar, Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Norte de Santander, Caquetá Casanare y Meta.
Así mismo, se identificó que cerca de la mitad de los encuestados (47%) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad como caretas de protección, guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, vestidos quirúrgicos, monogafas y polainas. Estos encuestados manifiestan que han invertido entre 8 mil pesos y máximo 1 millón de pesos, en los implementos que han debido adquirir.
Otro resultado interesante es que el 92% de los encuestados asegura que no le han practicado ninguna prueba para COVID-19.
La encuesta permitió también confirmar que las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores, destacó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
'El 43% de los profesionales de la salud encuestados se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad. Al 45% le han modificado las condiciones laborales, es decir reducción de horas de trabajo y sueldos, entre otras. Y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual, ya que en su mayoría les adeudan de uno a tres meses. Los departamentos donde más se presenta esta situación son Antioquia, Cesar y Santander, Caquetá y Córdoba', advirtió el funcionario.
