Hallazgos fiscales por $1.525 millones determinó la Contraloría General de la República en la ejecución de un contrato de electrificación rural para beneficiar a 752 familias en los municipios de Codazzi, Bosconia y Curumaní, en el departamento del Cesar, el cual además, a pesar de vencerse el plazo, presenta incumplimiento por parte de Electricaribe.
No obstante, el organismo de control con el programa ‘Compromiso Colombia’, desarrolló este martes en Valledupar una mesa de trabajo con la participación del Ministerio de Minas, la comunidad y la empresa de energía, a fin de buscar soluciones que permitan ‘salvar’ el proyecto para que los hogares contemplados en el mismo reciban a satisfacción el servicio.
El contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, indicó que ya se venció plazo del contrato que estaba previsto hasta el 14 de febrero. Sin embargo, desde la Contraloría se está haciendo un llamado con la ciudadanía para que se ejerza el poder sancionatorio a los incumplimientos, a efectos de que Electricaribe como los subcontratistas en este proceso faciliten la prestación del servicio y sobre todo se pueda llegar a beneficiar a estas familias.
'El contrato se terminó, pero más lamentable sería que no se facilitara el cumplimiento y que efectivamente no se pudiera llegar a la prestación del servicio que es lo que más se quiere'.
'Estamos aquí para generar unas ideas de alternativas y soluciones a fin de garantizar la prestación del servicio en tres municipios; estamos hablando de Curumaní, Bosconia y Codazzi, la idea es que a través de estas mesas donde participa la comunidad, el Ministerio de Minas, el contratista e interventor, sobre todo con la Contraloría General de la República, se pueda primero facilitar el cumplimiento del contrato y segundo beneficiar a las familias que se tenían previstas en el mismo', afirmó.
Sostuvo que independientemente al contrato, en esta mesa ciudadana se busca facilitar la priorización de estos proyectos a través de los respectivos trámites al interior del Ministerio de Minas y Energía. 'Hablando del Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, Cafaer, se va a solicitar por vía ciudadana a la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, que se presente como un modelo de alto impacto a fin de que prioricen la cantidad de usuarios que hoy se encuentran reclamando y que efectivamente no fue beneficiara del contrato FAER GGC 307 de 2014'.
Los voceros de la comunidad rural en Bosconia incluida en el proyecto cuestionaron que de 88 familias que estaban priorizadas en el proyecto solo se beneficiaron a 61, quedando 27 por fuera, por lo que uno de los compromisos en la jornada fue gestionar su cobertura como lo establece el contrato.
Recordó que se trata de 752 familias en los tres municipios. De esta cifra, 88 son de Bosconia, donde el cubrimiento benefició a 61 familias.
'Hay que verificar qué pasó con los demás y sobre todo que desde la Contraloría, independientemente a los procesos auditores que se adelanten desde la delegada de Minas y Energía, del proceso de responsabilidad fiscal que se tiene previsto frente a este contrato; estas mesas faciliten un diálogo que permitan la solución sobre todo para estas familias que están reclamando un servicio público tan importante como la energía eléctrica', puntualizó.
