Para exigir a las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR, que garanticen los recursos para el reasentamiento de más de 200 familias de la vereda El Hatillo, en jurisdicción del municipio de El Paso, la comunidad bloqueó la línea férrea por donde diariamente pasan más de 20 trenes cargados con carbón desde las minas en el centro del Cesar hasta los puertos del Magdalena.
Yolima Parra, vocera de El Hatillo, indicó que 'estamos pidiendo que las empresas cumplan con el acuerdo para reasentar a las familias que hemos venido siendo afectadas por la contaminación que deja la actividad minera en nuestro territorio'.
Dijo que 'el 29 de noviembre del año pasado se cerró el pacto y en este 2019 empezaba la negociación con las familias, hay 82 hogares a los que le han incumplido con la firma del contrato y ahora hay una empresa que está quebrada y no nos da respuesta, ni solución de lo que va a pasar con el proceso de reasentamiento; estamos en diálogo con las compañías Drummod y Prodeco, porque CNR, que es la que está quebrada, no se ha presentado'.
Los habitantes de El Hatillo se tomaron este jueves la vía férrea, a la altura de Potrerillo, en El Paso, desde las 4:40 de la mañana, indicando que permanecerán en la protesta hasta que tengan respuestas o una solución. 'Estamos en conversaciones, las empresas nos pidieron tiempo para responder', puntualizó Yolima Parra.
Hace un año, miembros de la comunidad de El Hatillo celebraron haber logrado uno de los hitos más importantes dentro del proceso que adelantan con las empresas mineras Drummond, Grupo Prodeco y CNR como lo fue la firma del documento de Plan de Acción de Reasentamiento – PAR, en busca del restablecimiento integral de la calidad de vida de las más de 200 familias que habitan esa vereda. No obstante, pasado el tiempo aun los recursos no están en la fiducia para que esto se haga realidad.
El Plan de Acción de Reasentamiento concertado se sustenta en los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y aborda los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales de los habitantes de esta población. Sin embargo, ante el incumplimiento con la totalidad de las familias decidieron manifestarse por la vía de hecho.
Cabe recordar que el reasentamiento es una obligación que el Estado le impuso a las tres empresas mineras como una medida preventiva porque en su momento se previó que el nivel de contaminación iba a ser intolerable para que hubiera un asentamiento humano en esos sitios, por lo que se ordenó la reubicación de las familias que allí habitan.
