Frente a la citación a juicio disciplinario que le hizo la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la renovación de la plaza Alfonso López, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, indicó que no ha sido notificado por el organismo de control, pero que será una oportunidad para explicar y aclarar que la administración municipal actuó apegada a la normatividad en materia de contratación estatal.
'Estamos seguros que esa contratación está revestida de legalidad y por supuesto atenderemos cualquier llamado de los organismos de control como lo hemos hecho siempre, dispuestos a entregar las explicaciones de la administración', indicó.
El Ministerio Público decidió llamar a juicio a Ramírez Uhía y al secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga, al considerar que incurrieron en presuntas irregularidades en la contratación de la renovación de la plaza y peatonalización de accesos, cuya inversión supera los $8.300 millones.
Al Secretario General se le reprochó por la supuesta vulneración del principio de transparencia y el deber de selección objetiva, al suscribir la Resolución No. 000367 del 15 de febrero de 2018 y celebrar el contrato de obra número 935 de 2018, no obstante que en el pliego de condiciones se estableció al parecer una cláusula restrictiva y discriminatoria de la libre concurrencia.
Así mismo, el órgano de control cuestionó al mandatario territorial por presuntamente no ejercer el control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso de selección LP-001-2018, y en la celebración del contrato, lo que permitió que el Secretario General adelantara el proceso contractual, cuando en el pliego se incluyó una condición al parecer restrictiva.
En el proceso se exigió a los posibles oferentes que en un solo contrato hubiesen desarrollado diversas actividades en las que especificaron las cantidades mínimas, por ejemplo, haber intervenido un área de por lo menos 9.000 metros cuadrados; construido por lo menos 7.700 metros cuadrados de placa en concreto hidráulico; instalado por lo menos 8.000 metros cuadrados en piso de mármol y/o piedra cálida, entre otras, lo que podría resultar restrictivo de la pluralidad de oferentes.
Para el órgano de control los investigados pudieron desconocer el principio de transparencia de la contratación estatal y de selección objetiva, al exigir a un proponente el desarrollo de diversas actividades en un solo contrato, 'toda vez que los profesionales acreditados para ejercer la actividad de construcción en Colombia pueden adquirir su experiencia en esas mismas actividades y en las cantidades solicitadas ejecutando diferentes bilaterales'.
El órgano de control calificó la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.
