Una de las denuncias más delicadas que presentó ayer la comunidad durante la jornada anticorrupción que adelantó la Fiscalía en el municipio de La Jagua de Ibirico, se relaciona con presuntas irregularidades en proyectos de mejoramiento de viviendas en sitio propio en esa localidad, donde se habrían presentado suplantaciones de identidad de los beneficiarios para el desembolso de los dineros.
Es el caso de Minellis Cecilia Martínez Mejía, a quien desde el 2014 le vienen cobrando el avalúo catastral de una vivienda que resultó cobijada con dineros de mejoramiento, pero asegura que ese inmueble no tiene nada que ver con ella.
'Mi caso es de fraude de identidad, frente a un subsidio al que me postulé en el 2012. Desde la Red Juntos me visitaban en mi casa del barrio ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’, que se estaba cayendo y mi nombre nunca salió en los listados de beneficiarios, pero al final supe que me resultó asignado, porque me llegó el cobro del catastro', denunció la mujer.
Martínez Mejía señala que el mejoramiento que se hizo no fue de buena calidad y que la vivienda, ubicada en el barrio 'Juan Ramón de Ibirico', hoy está padeciendo las consecuencias de ello. 'La casa no la hicieron completa y por eso es que hemos metido derechos de petición, porque el subsidio no me lo entregó el gobierno a mi, pero me están cobrando sus efectos y por una obra además mal hecha', indicó.
EL HERALDO conoció, también, que este no es el único método de irregularidades presentadas en las asignaciones de estos dineros para el mejoramiento de viviendas, sino que en barrios como Bello Horizonte y Villa Esperanza se entregaron estos dineros para elevar inmuebles en lotes que no era propiedad de los beneficiarios.
Problemas con el PAE
Ante los funcionarios de la Fiscalía, el líder comunitario Guillermo Vargas aseguró que existen problemas con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y las contrataciones para aseadoras.
'Hay sectores con colegios en los que se están recibiendo la alimentación escolar, pero otros en los que no y en los colegios todo el tiempo a los estudiantes les están diciendo que deben llevar dos mil pesos, a padres de familia que no tienen ni un peso, para el pago de las aseadoras', señaló Vargas.
Problemas de seguridad
Otro de los problemas expuestos está relacionado con el incremento de la inseguridad, que según la comunidad obedece a la llegada de delincuentes procedentes de Venezuela, que se han asociado con colombianos.
Edison Aristizabal, uno de los mototaxistas de la población, aseguró que 'aquí todas las noches se están robando una moto y nunca aparece, pero el gobierno y la Policía sabe quiénes son los que se roban las motos, pero no hacen nada'.
