La Procuraduría General de la Nación determinó en primera instancia suspender por un mes al actual Viceministro de Trabajo, Fredys Miguel Socarrás Reales, por hechos relacionados cuando fue alcalde de la ciudad de Valledupar (2012-2015).
La decisión del Ministerio Público se deriva del sonado caso del contrato de la ‘Escuela de Paz’ con la periodista y politóloga Natalia Springer, que le costó al Municipio $1.400 millones, a pesar de que se encuentra en Ley 550.
Esta ‘Escuela de Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’ era la primera iniciativa regional en tal sentido, que tenía como finalidad traer a la capital del Cesar 19 expertos mundiales en negociación de conflictos.
Con esta suspensión de un mes también fue cobijada la exjefe de la Oficina Jurídica Municipal, María Romero Mestre.
La sanción gruesa
Además del exalcalde, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos fueron sancionados el exsecretario de Gobierno Municipal de Valledupar, Carlos Mario Céspedes Torres, y la exsecretaria General Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.
Los disciplinados recibieron 14 y 12 años de sanción, respectivamente, en fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría General de la Nación, al considerar que existieron irregularidades en el contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S.
'Se encontraron argumentos para establecer que hubo diversas actuaciones y omisión de los deberes asignados a los exfuncionarios sancionados, al adelantar de manera irregular el contrato de prestación de servicios No. 552 de 2015, por valor de 1.400 millones de pesos, que tenía por objeto desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’', señala la Procuraduría en su fallo.
El expediente del Ministerio Público indica que para el caso de Lisbeth Gaitán, su responsabilidad estuvo en 'emitir una certificación de idoneidad a favor la empresa SVSCS y celebrar en forma directa el contrato con Natalia Springer, eludiendo el principio de transparencia que debe regir la contratación estatal'.
Para el exsecretario de gobierno
Entre tanto, la Procuraduría señaló que para el caso de Carlos Mario Céspedes, 'se encontró responsable de certificar la idoneidad de la empresa contratista, realizar estudios de mercado con una cotización de dudosa procedencia, sugerir que el tipo de contratación era directa y omitir un adecuado seguimiento a las actividades contratadas'.
Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.
