La Contraloría estableció hallazgos con presunta incidencia fiscal por $2.506 millones en las obras del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva, contratadas el 6 de agosto de 2014 por $29.658 millones entre Katrizza Morelli Aroca, representante legal del Siva y el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte, integrado por las empresas KMA Construcciones S.A. y CICON S.A.S., y representado legalmente por Menzel Amín.
En el contrato, que tenía por objeto la construcción de obras y mejoras en la malla vial, espacio público, redes de acueducto y alcantarillado, y construcción del colector de aguas lluvias de la avenida Simón Bolívar y la optimización del canal de aguas lluvias conocido como 'Canal de Panamá', se había estipulado que el proyecto disminuiría la emisión de gases y partículas contaminantes del Sistema, así como los tiempos de viaje de los usuarios de transporte público.
No obstante, advierte el ente de control fiscal, el plazo inicial de ejecución del contrato era de 16 meses pero fue prorrogado en el tiempo y su valor adicionado en más de $12 mil millones, para una cuantía de $41.756 millones y se encontraron 'irregularidades por más de $2.506 millones generadas a partir de los pliegos de condiciones, ejecución del contrato y daños en las obras'.
El organismo revisor halló así mismo que algunos tramos de la construcción del canal en concreto presentan debilidades en calidad y estabilidad de la obra, así como en los procedimientos constructivos, con presencia de diferentes patologías en la estructura que hacen inservible la obra y ponen en riesgo los recursos invertidos en lo que se ha ejecutado.
'Los procedimientos constructivos y diseños utilizados resultaron irregulares o inadecuados y la supervisión de las obras fue ineficiente. Estos problemas de calidad no fueron advertidos ni corregidos oportunamente por parte de la interventoría y la supervisión técnica del Siva', se lee en el comunicado de la Contraloría.
Además, hubo anomalías en la planeación financiera del proyecto y existieron mayores valores pagados por personal administrativo y técnico que el contratista había propuesto en su oferta pero que no fue contratado para la ejecución de las obras, critica el ente de control.
A lo que se le suma que las obras de pavimentación y adecuación del espacio público sobre la Avenida Simón Bolívar, entre la glorieta La Ceiba y la glorieta Cacique Upar – Terminal, presentaron 'un deterioro prematuro que no corresponde a las especificaciones de las obras contratadas, máxime el poco tiempo de haber sido construidas'.
