De los 12 comedores escolares que contrató la alcaldía de La Jagua de Ibirico, centro del Cesar, para instituciones educativas de la zona rural, solo se construyeron siete, y uno de ellos, ya estaba terminado cuando se firmó el contrato. Así lo reveló la Contraloría General de la República, tras confirmar un fallo de responsabilidad fiscal en segunda instancia por estos hechos.
El objeto del proceso contractual era la construcción de 12 comedores escolares en veredas de ese municipio, sin embargo la Contraloría evidenció a la fecha de la celebración del contrato de obra, que uno de los 12 comedores escolares ya se encontraba terminado, por tanto, el contratista sólo debía construir 11 por el valor de los 12.
Finalmente, por modificación contractual se disminuye el número de comedores escolares a 7, debido a que la administración consideró que los recursos solo alcanzaban. Sin embargo, pese a que se disminuyó el número de comedores escolares a 7, estos fueron construidos con deficiencias, falencias en las cantidades de obras y faltantes, que se elevó a daño patrimonial cuantificado en $71.256.754.
Durante el proceso de responsabilidad fiscal, se procedió a realizar la indexación del daño, el cual fue estimado en $86.983.061.
Responsables fiscales
La Contraloría encontró como responsables fiscales a Raulith Brito García, en su condición de Secretario de Planeación del municipio de La Jagua de Ibírico para la época de los hechos, al omitir sus deberes de supervisor, a Einer Romero Redondo y Elis Choles Benjumea, contratistas integrantes del Consorcio Enlace, quienes responden solidariamente.
El pasado mes de mayo, fue pagado a la Dirección del Tesoro Nacional, la suma de $86.985.000, por parte de los encontrados responsables fiscales.
Con este pago, se logra resarcir el daño causado al erario por irregularidades en el contrato de obra celebrado por el municipio de La Jagua de Ibírico (Cesar).
