Ante la Procuraduría Provincial de Valledupar, el veedor ciudadano de este municipio, Jayne Mora, radicó una denuncia por un posible detrimento de $3.283 millones en un contrato de la Alcaldía para la construcción de 950 albergues que permitieran la reubicación de igual familias desplazadas y estado de vulnerabilidad.
Señaló el denunciante que el 21 de julio de 2015 se celebró el contrato No 599 entre la administración local y la unión temporal Albergues 2015, para soluciones habitacionales temporales para familias desplazadas que habían invadido predios particulares. La construcción de los mismos se ejecutó en un área de sesión de 6 hectáreas propiedad del Municipio, pero según Mora, lo irregular de este caso es que a dichos albergues no se les prestó vigilancia de la Fuerza Pública con la finalidad de brindarle la debida protección y salvaguardar la inversión; además que de acuerdo con la denuncia, se construyeron sin planeación alguna.
Dijo que los albergues se construyeron, pero nunca lo usó la población objetivo, porque carecían de los servicios básicos de agua, energía y alcantarillado, lo que de haber sido ocupados, podrían haber ocasionado una calamidad sanitaria que las autoridades en su momento no previeron.
El veedor ciudadano, dijo que mientras no fueron ocupados, los albergues fueron objeto de varios intentos de invasión por parte de otras familias; lo que originó que dos años después 'de estos albergues no quede ni un tubo', sostuvo Jayne Mora.
Dijo que el contratista de estos albergues solicitó al actual secretario de Obas de Valledupar, Juan Pablo Morón, el acompañamiento de la Fuerza Pública (Ejército) para que se prestara la protección de los albergues, pero no se cumplió. 'Aquí se configura un detrimento a las arcas del Municipio de Valledupar, producto de la mala planeación, el despilfarro y la malversación de los recursos públicos', puntualizó Mora.
El contrato fue firmado por Jair José González, en su calidad de secretario de Obras de Valledupar en 2015 y Ricardo Archibold, representante de la unión temporal. La veeduría ciudadana solicitó a la Procuraduría verifique las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los exfuncionarios y funcionarios involucrados en estos hechos.
Las familias que serían reubicadas en estos albergues temporales, y que invadieron propiedades privadas al noroccidente de Valledupar, rechazaron estas estructuras, indicando que no ofrecían garantías de un techo digno.
Ana Carmela Beltrán, vocera de esta población en la invasión Los Guasimales, dijo en su momento que 'no estamos de acuerdo con los albergues porque vamos a seguir en la misma pobreza absoluta, compartiendo uno o dos baños hasta 100 personas y en unas condiciones lamentables'.
'Nosotros venimos de un desplazamiento masivo y el Gobierno dice que debemos tener un techo digno, por eso estamos pidiendo casas y no albergues temporales y no solo para los desplazados sino para las demás familias vulnerables que están en las invasiones de Valledupar', manifestó.
Lourdes Manuela, otra vocera de la invasión Altos de Pimienta, señaló que 'no queremos albergues porque la experiencia indica que no son soluciones temporales, sino a largo plazo, como ocurrió con las familias en las bodegas del antiguo Idema que permanecieron en ellas por mucho tiempo'.
El 16 de diciembre de 2011, la Corte Constitucional ordenó el desalojo y reubicación de las familias invasoras en albergues, pero el fallo no se cumplió. El Heraldo intentó comunicarse con el secretario de Obras de Valledupar, Juan Pablo Morón, para conocer su posición al respeto, pero no contestó.
