Con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 13 años fueron cobijados 15 concejales y el contralor de Valledupar, Álvaro Castilla, en una decisión de primera instancia de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, al hallarlos responsables de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, por supuestas irregularidades y conflicto de intereses en la elección del jefe del organismo de control fiscal del municipio.
En una audiencia pública virtual que se prolongó por 10 horas, orientada desde Bogotá y seguida con la asistencia de los procesados en la sala de la Procuraduría Regional del Cesar en Valledupar, se dio lectura del fallo que de quedar en firme cambiaría la estructura actual de la corporación edilicia.
Los sancionados son los conservadores Guido Andrés Castilla González, Wilber Hinojosa y Eudes Orozco; Víctor Julio Alvarado y Ciro Guzmán Chinchía, del partido de La U; los liberales, Yesith Triana y Gabriel Muvdi; Dorismel Celedón Vega y Carlos Picón, de Alianza Social Independiente; y por el movimiento Avanzar es Posible, que avaló la candidatura del hoy alcalde Augusto Ramírez, Luís Miguel Santrich y José Rafael Gómez; Jaime Bornacelly, de Opción Ciudadana; José Amiro Araméndiz, del Centro Democrático; del Movimiento Alternativo Indígena, Wilfrido Ortiz; y Alex Pana, de Alianza Verde.
Para la Procuraduría, los concejales no tuvieron en cuenta la amistad de Álvaro Castilla con el actual alcalde Augusto Ramírez, para elegirlo contralor, lo que el Ministerio Público consideró un conflicto de intereses, por cuanto además de tener un vínculo con el mandatario, Castilla fue uno de los integrantes del grupo que inscribió la candidatura de Ramírez al primer cargo del Municipio, además de financiar en parte la campaña con un aporte de 120 millones de pesos.
La Procuraduría consideró que 'al existir una amistad íntima entre el contralor y el alcalde, que según el análisis probatorio, data de unos cinco años, los juicios de control fiscal del municipio se verían seriamente comprometidos'.
Además, tras la convocatoria para el cargo de contralor, se llevó a cabo un concurso de méritos, quedando tres elegibles, de los cuales Álvaro Castilla fue el que obtuvo menos puntuación, lo cual tampoco fue tenido en cuenta por los 15 de los 19 concejales de Valledupar, conformando mayoría para la decisión. La primera calificación la obtuvo el actual Defensor del Pueblo del Cesar Omar Contreras, seguido de Jorge Araujo, el otro candidato.
Los cuatro concejales que no fueron llamados por la Procuraduría en este proceso son Ricardo López Valera, porque se abstuvo de votar; Leonardo Mestre que votó por el candidato Omar Contreras, Carlos Alberto Daza quien votó en blanco y Gloria Ovalle quien estuvo ausente a la hora de la elección.
La Procuraduría también ordenó y compulsó copias del proceso a la delegación Provincial de Valledupar para que abriera investigación disciplinaria al actual jefe de Planeación del Municipio, Aníbal Quiroz; a la secretaria de Gobierno, Sandra Cujia; y al asesor de despacho José Jorge Crespo, por obstruir la investigación disciplinaria, al no suministrar la información que solicitó el Ministerio Público sobre las personas que integraban el comité de empalme de la administración entrante, del que en el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, habría hecho parte Álvaro Castilla.
De quedar en firme el fallo en segunda instancia, los concejales procesados, la conformación del Concejo variaría y en su remplazo entrarían los que le siguieron en votación en la elección de octubre pasado en cada uno de sus partidos.
