El hecho de declarar persona no grata al Obispo de Ocaña, monseñor Jorge Enrique Lozano, les costó la suspensión de sus funciones a los once concejales del Municipio de Río de Oro, al sur del Cesar.
La Procuraduría General de la República calificó como falta grave la decisión de los ediles, que en un hecho que se remonta a febrero de 2012, aprobaron la proposición para rechazar al jerarca de la Iglesia católica que destituyó, según ellos, sin justa causa al párroco del pueblo.
La medida cobija con dos meses de suspensión a José Elí Santana, quien para la época de los hechos era el presidente de la corporación y los concejales Jhonny Peinado Flórez y Antonio José Meneses; mientras que los suspendidos por 30 días son Luis Fernando León Suárez, Wilson Arias Barbosa, José Emiro Zapardiel Quintero, Mauricio Guerrero Téllez, Alberto Atuesta Mindiola, Pedro Antonio Picón Rincón, Guzmán Alfonso Osorio Herrera y Juan Bernardo Cárdenas.
'El pueblo estaba inconforme porque el Obispo declaró insubsistente, sin causa justa a nuestro reverendo, Tulio Grimaldo, para que declaráramos persona no grata al Obispo', dijo José Elí Santana, uno de los sancionados.
Monseñor Lozano, interpuso una acción de tutela que le correspondió al Juzgado Segundo Civil del municipio de Ocaña donde se decretaron tres días de arresto y una multa económica de tres salarios mínimos legales vigentes, además de obligarlos a derogar la proposición 002, contra los concejales que inicialmente no acataron la decisión, a lo que el Obispo presentó un recurso por incidente de desacato para obligarlos a cumplir.
