Un detrimento patrimonial por 11 mil 770 millones de pesos detectó la Contraloría General de la Nación en la ejecución del contrato del acueducto regional de Chiriguaná, al centro del Cesar.
De acuerdo con las investigaciones que adelanta el organismo, el menoscabo de los recursos se hizo en la compra de insumos, alquiler de vehículos, duplicidad en mano de obra, viáticos y gastos de representación, inclusión de impuestos, transporte de tubería, imprevistos no justificados y gastos de administración.
Por las irregularidades encontradas en el contrato y la ejecución del mismo, para lo cual la administración municipal destinó en 2010, 49.523 millones de pesos, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de esa localidad, Ramón Díaz Corzo y su secretario de Planeación, Luis Rafael Rocha; así como contra el Consorcio Acueducto Regional, contratista de las obras y las firmas Dizgracom, Bulding Ltda y Quality Courieres International.
El ente de control resalta que hubo una mala legalización del anticipo que por más de 24.000 millones recibió el contratista, encontrando además que al momento de la auditoría faltaban soportes.
La obra actualmente está suspendida, mientras aún faltan los permisos para pasar la tubería por la línea férrea que opera Ferrocarriles del Norte de Colombia y las vías de la Ruta del Sol.
A la Contraloría también le llama la atención que en este contrato que se suscribió como de obra, pesa más el suministro. Solo la adquisición de la tubería costaba unos 25.000 millones de pesos, más del 50% del valor total, además a ese porcentaje se le cobraba administración, imprevistos y utilidades, cuando según la entidad, a los contratos de suministro no se le aplica.
De acuerdo con el organismo, debieron hacerse dos contratos, uno de obra y otro de suministro, lo que hubiera evitado al municipio pagar unos 6.000 millones de pesos más representados en el porcentaje de administración, imprevistos y utilidades.
