La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal prorrogó la investigación disciplinaria que sigue contra los exalcaldes de Valledupar, Rubén Alfredo Carvajal y Luis Fabián Fernández, para determinar si incurrieron en omisión por no adelantar las etapas complementarias del centro comercial La Granja que hoy se pierde entre la maleza.
Mediante auto del 5 de junio pasado, el Ministerio Público estableció la práctica de pruebas con el fin de verificar los hechos y para tal efecto comisionó a la Procuraduría Regional del Cesar por un término de 20 días. No obstante, como no fueron allegadas al proceso y la investigación disciplinaria se venció desde el 30 de julio de este año, se ordenó ampliar el plazo por seis meses.
Es decir que la Procuraduría tendrá hasta el 30 de enero del próximo año para obtener las pruebas ya decretadas y de ser pertinente solicitar otras que se requieran para los fines de la investigación.
La pesquisa disciplinaria también cobija a Efraín Márquez, en su condición de secretario de Obras del Municipio para la época, a Luis Alfredo Pérez como supervisor del contrato y William Cortés Díaz como representante legal de la firma externa interventora.
Además, se trata de establecer si hubo posibles irregularidades en la construcción de la primera etapa del proyecto.
El centro comercial La Granja se concibió como un espacio para la reubicación de los vendedores ambulantes y estacionarios de Valledupar, con una inversión de 3.000 millones de pesos, que se destinaron para la construcción de la primera etapa de la obra que lleva paralizada seis años, y de acuerdo con el actual alcalde Fredys Socarrás, sin futuro, teniendo en cuenta que terminarla representaría una inversión de 25.000 millones de pesos, cifra que, financieramente, el Municipio no está en capacidad de asumir, según indicó el mandatario.
Considerando las pruebas que logre recolectar la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal podría proferir pliego de cargos contra los implicados u ordenar el cierre o archivo de la investigación.
El 7 de marzo de 2011, el veedor ciudadano de Valledupar, Jaine Mora Murgas, presentó la queja ante la Procuraduría sobre las presuntas irregularidades en este contrato, que dio origen a lo que hoy se observa como otro elefante blanco en la capital del Cesar. EL HERALDO contactó al exalcalde Rubén Alfredo Carvajal para conocer su posición sobre el tema, pero dijo que no quería opinar sobre el respecto.
