La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde distrital de Cartagena, William Jorge Dau Chamat, evaluar la suspensión inmediata de las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales y de los bienes de uso público, como las aguas marítimas y zonas de bajamar, en Playa Blanca, Cholón y otras áreas.
La solicitud la hizo la Procuraduría Provincial de Cartagena como parte de una acción preventiva, que inició un proceso de vigilancia y seguimiento, ante las reiteradas situaciones de inseguridad, que ocasionaron la muerte de una turista, los frecuentes accidentes, las fallas de las ambulancias acuáticas, los excesivos cobros en tarifas de servicios turísticos, bebidas y alimentos.
El Ministerio Público también indicó que se instruyó una vigilancia y seguimiento a las condiciones de salubridad e higiene en la zona, abuso a los consumidores, ruidos excesivos, accidentes e incidentes por tráfico de motonaves y afectaciones al medio ambiente.
En su comunicación al alcalde, la Procuraduría exhortó a extender la suspensión hasta que se garanticen las condiciones uso, lo que exige la caracterización y señalización de las playas, vigilancia y seguridad para las mismas, reglamentación del uso, regularización de las actividades, y la protección efectiva y real del medio ambiente en zonas de playa y bajamar, con la puesta en marcha de un plan de manejo ambiental.
Asimismo, a que exista una definición y control de la capacidad de carga de las playas, garantizando servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, ambulancia marítima, servicios de rescate y guardavidas, protección efectiva de los usuarios de los servicios, control real de embarcaciones de turismo y motonaves de recreación, control sanitario efectivo, que incluya bebidas y alimentos.
