Desde la 11 de la mañana de este jueves se realizó la audiencia pública contra el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, quien está siendo procesado por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento privado, delitos, que según la Fiscalía, habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.
El ente acusador asegura que el exalcalde estaría implicado en las irregularidades en las contrataciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, durante 2016.
Dentro del mismo caso están siendo procesados el exsecretario de Educación y exrector de la Universidad de Cartagena de Indias, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016; Sandra Milena Mercado Santoya, David Reynaldo Camacho Benítez y la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas.
La diligencia de legalización de captura se llevó a cabo en el complejo judicial Benkos Biojó
Detalles del caso
Según la investigación de la Fiscalía para el año 2016 la administración distrital de Cartagena celebró dos contratos para el cubrimiento de la Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones oficiales de la ciudad. Contratos que no cumplían los requisitos que exigía la ley.
Así mismo se otorgó la licitación para la ejecución del plan en el 2017, sin realizar la debida licitación pública correspondiente en estos casos.
El primer contrato irregular, fue suscrito el 13 de abril de 2016 y se firmó con la fundación Redcom, una empresa de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de urgencia manifiesta, por un valor por $8.427.924.090.
El segundo, se celebró el 5 de agosto de 2016 mediante la modalidad de licitación pública con el Consorcio Pro-escolares 2016, por la suma de $15.831.468.135, más una adición de $7.886.489.492 con fecha del 29 de diciembre de 2016, para un valor total de $23.717.957.627.
Pero las irregularidades encontradas por la Fiscalía no paran ahí: Se pudo precisar que el detrimento total en el contrato de urgencia manifiesta fue de $766.609.829 y en el segundo contrato, al que se le sumó el otrosí el hallazgo en el detrimento económico fue de $4.410.754.328.
