Acompañado de su abogado Juan Carlos Cabarcas, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Bolívar, Manolo Duque, exalcalde de Cartagena, para comparecer ante la justicia que había ordenado su captura en horas de la mañana de ayer junto a otros cinco exfuncionarios de su administración, quienes habrían incurrido en presuntas irregularidades en la contratación del PAE, durante su mandato en el año 2016.
En horas de la mañana el CTI de la Fiscalía llegó hasta su residencia, ubicada en el barrio Blas de Lezo, para hacer efectiva su captura, pero no lo encontraron.
Duque será procesado por prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento privado; delitos que habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.
Por su parte, cuatro de los cinco extrabajadores fueron capturados, en diligencias de registro y allanamiento, tales como el exsecretario de Educación de Cartagena, Germán Arturo Sierra; la representante legal de la Fundación Redcom,
Gladys Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya, y David Reynaldo Camacho Benítez.
Mientras que la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, fue detenida al ingreso a la secretaría de Educación distrital, donde labora.
Los sindicados por la Fiscalía son señalados como presuntos responsables de incurrir en irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Bolívar.
Según la Fiscalía, en este caso se precisa que se compraron 2.736.225 unidades de pan, pero realmente se dieron 1.024.956. Esto creó un detrimento contractual de $667.869.989.
Asimismo, se precisa que se compraron insumos que no fueron nunca entregados. Este caso es ilustrado por las compras de canela, cuyo valor alcanzó los $39.845.000.
Por último se realizaron compras de carne durante octubre, con precios superiores al valor del mercado. Esto habría creado sobreprecios por $537.386.328, y se compró el kilo de pechuga de pollo a $40.000, entre otros casos más, causando un detrimento económico por $4.410.754.328 en la ejecución de este contrato.
