El primer cese de clases en los colegios distritales se dio ayer ante la falta de vigilantes en las instituciones educativas debido a que los contratos finalizaron el pasado martes y no han sido renovados. Fue así como los guardas decidieron paralizar sus actividades. Los vigilantes se concentraron en las instituciones Antonia Santos y el Departamental, desde donde partieron en una marcha para exigir que los contratos sean renovados y puedan seguir laborando.
Para los vigilantes es preocupante lo que está sucediendo pues aseguran que el contrato de trabajo concluyó el pasado 30 de enero y que solo en abril volverían a llamar. En total son cerca de 1200 familias y los colegios quedarían expuestos a la inseguridad que sacude por estos días a la ciudad de Cartagena. 'A lo mejor el secretario vaya a venir a cuidar los colegios', precisó Andrés Sotero, guardia de uno de los colegios.
A la protesta de los vigilantes se sumó el inconformismo de los padres de familia que exigían cuanto antes una respuesta por parte de la administración distrital ante un problema que crece como una bola de nieve pues, según uno de los padres, la vigilancia termina por afectar el ambiente en las 104 instituciones educativas del distrito. Por su parte, el cuerpo docente le exigió a la Secretaria de Educación que se apersone del problema para que puedan iniciarse las clases en las instituciones educativas del distrito.
La respuesta del Distrito
En el plan de contingencia que tiene en mente el secretario de educación del Distrito, Jaime Amín Hernández está previsto que los brigadistas de espacio público se encarguen de apoyar la seguridad en los colegios de la ciudad con el respaldo de la policía nacional. En total serán 49 brigadistas que se ubicarán a las afueras de los colegios. Ellos no responderán por los enseres de las instituciones, tampoco abrirán puertas, no tendrán llaves de nada y tampoco llevarán control de entrada y salida.
El funcionario dijo que los brigadistas solo tendrán como arma la posibilidad de hacer ruido y alertar a las autoridades en caso de un incidente. Amín Hernández insistió en que los grandes recursos que se invierten en vigilancia son inoficiosos y por eso se debe reformar el servicio para que esa plata se invierta en los niños mejorando la infraestructura de los colegios.
Por su parte, el alcalde encargado de la ciudad, Sergio Londoño Zurek, expresó que todo este problema obedeció a la demora de varios días por parte del concejo distrital para aprobar las vigencias futuras extraordinarias para el distrito; razón por la cual no se pudieron prorrogar los contratos de vigilancia en las instituciones educativas y se están viendo afectadas de esta manera.