Repetir los estudios realizados por la Universidad de Cartagena para los 16 edificios declarados en riesgo solicitaron este martes los propietarios de los apartamentos en riesgo de colapso. La duda está puesta por parte de los propietarios en el hecho de lo que sería un posible plagio en varios de los informes en los que se hace alusión a una publicación de una revista especializada de la ciudad de México sobre los usos adecuados del cemento y concreto.
El alcalde encargado Sergio Londoño Zurek citó a las 9 de la mañana al rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra ,con el fin de despejar las inquietudes que se generaron con los informes realizados por el Alma Mater
Sumado a lo anterior se tiene también sembrada la duda sobre la subcontratación que habría hecho la Universidad de Cartagena con relación a los laboratorios de resistencia de núcleos, con Geoconsultas, y ultrasonido, con Idixa, laboratorios con los cuales no cuenta la institución como lo confirmó el mismo Arnoldo Berrocal, jefe del Departamento de Estructuras de la Universidad.
Es el caso de Héctor Duque, quien es uno de los 108 propietarios de apartamentos de los 16 edificios declarados en riesgo en Cartagena y que por advertencia de la Fiscalía deben ser evacuados. Asegura que junto a otros propietarios, una vez conocieron el concepto de la Universidad de Cartagena, decidieron acudir a una segunda opinión para estar seguro de salir de sus viviendas. Al parecer el mayor argumento que adoptó la fiscalía es que las 16 edificaciones no cuentan con estructuras de sismo resistencia, lo que ha criticado abiertamente el ingeniero estructuralista Jorge Rocha.
En una carta al defensor regional de Bolívar, los propietarios de los apartamentos con vulnerabilidad le piden esa entidad que tome acciones que puedan frenar definitivamente la orden de desalojo, que por el momento está suspendida. Robinson Villadiego, de edificio Alpes 31, indicó que es necesaria una segunda opinión. 'Por eso, puntualmente le hemos exigido al Ministerio Público que se hagan unos nuevos estudios para verificar o auditar los estudios que se hicieron y que revisen en el campo las edificaciones' contó el propietario.
La polémica que ha generado si los estudios son o no exactos se mantiene en Cartagena mientras se espera el martes conocer quizás una decisión de Yuris Ponce, juez tercera penal con funciones de control de garantías. Por parte de la fiscalía esta Olga Esquivel Fiscal Seccional cuarto, quien cuenta con el apoyo y respaldo de las fiscales Carmen Arias y Liliana Guardo.
