Cuando se cumplen tres meses de la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo II, en el que murieron 21 obreros, y luego conocerse el fallo de la sentencia que le brindó el beneficio de casa por cárcel al constructor de la obra Wilfran Quiroz, luego allanarse al delito de urbanización ilegal, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo rechazó de manera categórica dicha medida y señaló, al respecto, que es inaceptable tal decisión cuando de por medio hay actos de corrupción.
El procurador manifestó que su despacho no ha aceptado ni aceptará este tipo de medidas y, precisamente, en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional se está coadyuvando para que a través de los procuradores judiciales este tipo de beneficios no existan más. 'La lucha contra la corrupción se gana en la medida en que la justicia esté sincronizada trabajando también contra la corrupción', indicó.
El representante del Ministerio Público precisó que con relación a la normalización urbanística en la ciudad de Cartagena se sigue trabajando con pie firme y, en el marco de una acción popular, se ha pedido que haya una normalización del desarrollo urbanístico de la ciudad. 'Las acciones no son contra nadie en particular y todo va en la defensa del interés público de los cartageneros'.
Carrillo reconoció que hay un estancamiento de los procesos e incluso en la Procuraduría provincial y regional de Bolívar. 'Hay que acabar con la irracionalidad de archivar procesos para favorecer amigos y perseguir a los enemigos'.
Se ha venido adelantando un trabajo
El funcionario manifestó que se ha venido adelantando un trabajo por parte de la Procuraduría desde hace tres meses con relación a la tragedia de Blas de Lezo. 'La acción de la Procuraduría comenzó al día siguiente de la tragedia cuando de inmediato hablamos con las víctimas', explicó. El descubrimiento que se estableció luego de las investigaciones permitió establecer que el 75 % de las obras en la ciudad estaban siendo sometidas a los mismos riesgos que la del edificio Portales de Blas de Lezo.
Recordó igualmente que se interpuso una acción popular en el Tribunal Administrativo de Bolívar e igualmente dos acciones de tutela para amparar los derechos de las víctimas. Todo el trabajo junto con el proceso disciplinario que se surtió hace parte de una estrategia integral en el que, según el representante del Ministerio Público, se está luchando por los derechos de los cartageneros y, por supuesto, el patrimonio del estado.
La idea, según Carrillo, es seguir en esa tónica en donde se hace necesario sintonizarse a 43 días de la visita del Papa cerrar y sumar todos los esfuerzos para no dejar esa sensación de interinidad que quiere ser explotada por algunos para decir que la ciudad está en desgobierno. 'La idea es que aquí hayan acciones colectivas de la mano con la comunidad y autoridades públicas para trabajar por la ciudad. Cartagena es protagonista en esta visita del Santo Padre', comentó el procurador.
En cinco años se purga la construcción
Por su parte, el jefe de control Urbano de la ciudad, Héctor Anaya, sostuvo que en un periodo de cinco años, la ciudad estaría purgada de las construcciones ilegales. El trabajo, según el funcionario, se ha venido adelantando en procura de erradicar este cáncer que tanto afecta a la ciudad. 'No es una tarea sencilla y tomaría al menos unos cinco años'.
'Yo me atrevería a decir que esto no debe pasar más de cinco años, en cinco años creo que es el tiempo mínimo que debe tener uno para poder purgar, pero tiene que haber mucho acompañamiento a las entidades' dijo el funcionario.
