La administración del exalcalde, Dionisio Vélez Trujillo, vuelve a estar bajo la lupa de la Contraloría. Al control fiscal anunciado el año pasado por un préstamo hecho a la banca comercial por $250.000 millones, cuya inversión en proyectos de infraestructura no está clara para la Contraloría, ahora se suman presuntos hallazgos por $6.835.242.050.
Se trata de 35 nuevos hallazgos fiscales que se conocen luego de que la contralora distrital, Nubia Fontalvo, llevara a cabo una auditoría al periodo correspondiente al 2015, último año de gestión de Vélez Trujillo, en dependencias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación, Valorización Distrital, Corvivienda, la Secretaría General y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).
Entre los aspectos dados a conocer, de acuerdo con la auditoría realizada durante el primer semestre del año pasado, sobresalen presuntas irregularidades en la Secretaría General, donde 16 contratos sumarían más de $163 millones en detrimentos, debido a que el organismo de control argumenta que no se cumplieron los objetivos por los cuales fueron firmados los mismos.
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De acuerdo con la Contraloría, entre otras de las presuntas irregularidades halladas en los contratos aparecen documentos aportados que fueron catalogados como insuficientes y hasta tarjetas profesionales y diplomas falsos para la prestación de las órdenes de servicio con la Secretaría General.
'En contrato 644, por valor de $12 millones, el contratista aportó tarjeta profesional falsa. (Artículo 287 Código Penal: falsedad material en documento público. El supervisor no cumplió con sus funciones, lo que va en contaría del artículo 83 de la Ley 1474 del año 2011, y lesiona gravemente el patrimonio público', consigna el informe de la Contraloría.
También, según el informe, en el despacho del Alcaldía fueron encontrados 96 depósitos de tinta para impresión, 'en mal estado', que representan un presunto detrimento por un valor de $77.007. 806.
Con respecto a la Secretaría de Educación, la Contraloría dio a conocer entre una de las presuntas irregularidades encontradas, un contrato por $70 millones para un taller de contratación pública orientado a directivos y docentes, en el Club de Profesionales de Cartagena
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'No se evidenció el cumplimiento del objeto contractual porque, según el informe del interventor, el desarrollo del taller se realizó el 9 de diciembre de 2015 (un solo día) en el Club de Profesionales de Cartagena, contrario a la respuesta emitida por el club, según oficio del 24 de junio de 2016', dice el informe de la Contraloría.
Con respecto a Corvivienda, la Contraloría reportó más $486 millones presunto detrimento patrimonial.
'Algunos de los informes de gestión presentados no contienen la información detallada del objeto de sus obligaciones (…) Valor del detrimento: $486.186.786, porque no hay prueba que desvirtúe lo que se observó en el proceso auditor', consigna el informe.
En cuanto al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), según la Contraloría, en 2015 los hallazgos fiscales por presunta prescripción de acciones sancionatorias a infractores sería de $4.886 millones.
Los otros procesos de la Contraloría en la administración Vélez
En octubre del año pasado, la Contraloría General de la República, por medio de su Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, anunció un control excepcional sobre inversiones en obras de infraestructura del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo.
De acuerdo con el órgano de control, las investigaciones se centran en tres aspectos: un crédito de la banca comercial por $250.000 millones para obras de infraestructura, un contrato de clausura y posclausura del relleno de Henequén, y los subsidios y contribuciones de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la empresa Acuacar S.A. E.S.P.
Crédito para 'Ahora Sí'
El 14 de marzo de 2014, el Concejo de Cartagena materializó en Acuerdo Distrital un proyecto presentado por el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo, que lo facultó para hacer un crédito público de $250.000 millones a la banca comercial.
En esa ocasión, Vélez dio a conocer que los recursos tenían como objetivo ser invertidos en la construcción de calles, escuelas públicas, centros de salud y otros componentes de su Plan de Desarrollo que denominó 'Ahora Sí'.
Sin embargo, un día antes del acuerdo la Contraloría Distrital había hecho una advertencia con respecto a que 'la realización de créditos por parte del ente territorial para la adquisición de bienes, obras y servicios, deben estar debidamente incorporados en el Plan de Desarrollo, y obedecer el principio de anualidad del estatuto orgánico del presupuesto del Distrito de Cartagena'.
No obstante, en la ponencia final del Concejo la iniciativa recibió 18 votos a favor de 19 posibles. El único voto negativo fue el del excabildante David Múnera.
En ese sentido, en junio de 2016 se conoció una denuncia contra el exalcalde Vélez Trujillo por la supuesta relación de los recursos que por $250.000 millones tramitó, ante el Concejo, para realizar obras civiles en el Distrito, y los llamados 'Papeles de Panamá'.
Frente a ese mismo tema, el entonces fiscal seccional, Vicente Guzmán, dijo al final de una audiencia de Comité para la Moralización de Bolívar, que 'es materia de investigación los supuestos nexos entre las empresas relacionadas en los Panamá Papers y los dineros que el Distrito diligenció para pavimentar calles, construir parques, refaccionar escuelas y remodelar paseos peatonales, entre otras obras'.
Contrato Henequén
La Contraloría advirtió sobre presuntas irregularidades, debido a hallazgos en procedimientos de obra civil en el Henequén que afectarían la salud de personas que residen cerca de la zona y posibles daños del medio ambiente.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, en las obras ejecutadas por el consorcio Henequén 2014 se habría presentado falta de planificación para la ejecución de las obras y, entre otros aspectos, fallas en la selección de la interventoría.
Además, en abril de 2015, el entonces contralor distrital Mario Feliz advirtió sobre un presunto detrimento fiscal por una suma superior a las $2.603 millones, debido a que Henequén'ya se había clausurado'.
Y sobre los subsidios y contribuciones de la empresa Acuacar S.A. E.S.P., se indaga sobre actuaciones como la de marzo de 2015 en la que Vélez, con la condición de que la empresa Aguas de Cartagena hiciera una inversión de más $250.000 millones para garantizar la ejecución de la segunda planta de tratamiento de agua para el acueducto de la ciudad, decidió prorrogar el contrato de prestación del servicio agua potable y saneamiento básico a la empresa Aguas de Cartagena por 13 años.
Aguas de Cartagena tiene contrato con desde el 25 de junio de 1995, por 26 años, según lo cual el contrato inicial finalizaría en 2021, año desde el cual se iniciaría la prórroga de 13 años adicionales.
