La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Cartagena reconocer al Consejo Comunitario de la Vereda Playa Blanca, de la isla de Barú, y a sus pobladores para una titulación colectiva del territorio, exceptuando las áreas que constituyan bien de uso público.
Con ello, esta población afrodescendiente asegura su permanencia en estos terrenos, en los que, en parte de ellos, el Gobierno nacional con inversionistas privados planea un desarrollo turístico a gran escala.
La Corte también ordena que en un lapso de 30 días, contados después de la notificación del acto administrativo anterior, se inicie un proceso de consulta previa con la comunidad afro del Consejo Comunitario de la Vereda de Playa Blanca, teniendo en cuenta el megaproyecto hotelero que se piensa desarrollar en esta apetecida y disputada área de Barú, por parte de firma Playa Blanca Barú SAS.
La Corte dice que es evidente que la construcción del proyecto hotelero conlleva a la modificación de las actividades comerciales y de subsistencia que adelantan las comunidades afrodescendientes, lo que potencialmente puede llevar a su reubicación o traslado.
Y agrega: 'Ello bien porque las zonas en las que actualmente se asientan van a ser ocupadas por la nueva obra de infraestructura o bien porque el proyecto hotelero incida en la manera en que interactúa la comunidad afrodescendiente con la playa, específicamente en lo que respecta a las actividades económicas de subsistencia que llevan a cabo los integrantes de dicha comunidad afro'.
Concluye el alto tribunal que 'la comunidad negra de la Vereda Playa Blanca no fue siquiera reconocida como un pueblo étnico diferenciado, menos aún se le consideró como titular de dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se está ante la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa'.
Con este reconocimiento de la Corte se consolida la población que habita esta zona y la protege de desalojos.
Advierte el tribunal que 'estos actos administrativos deberán ser notificados personalmente a los peticionarios, a la Defensoría del Pueblo, a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y al representante legal de la sociedad comercial Playa Blanca Barú S.A.S.'.
