Suspenden provisionalmente a registrador de Instrumentos públicos de Barranquilla

Por presuntos 'actos de corrupción', al parecer relacionados con la extralimitación de sus funciones, fue apartado provisionalmente de su cargo Rafael José Pérez Herazo, jefe de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

La noticia corrió ayer a través de un comunicado enviado a medios de comunicación por la Superintendencia de Notariado y Registro, en el que además se indica que Pérez Herazo estará por fuera de sus labores por 'tres meses'. La orden, según el documento, fue emitida por la Oficina de Control Interno de la entidad.

Días antes de conocerse esta notificación, la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla ya había sido cerrada por 'fallas internas en el servicio de energía' y, el año anterior, también la sede local había mermado en la atención de usuarios por una intervención entre el 6 y 30 de diciembre, relacionada con 'preocupantes atrasos e incumplimientos de los procesos y procedimientos que rigen la actividad registral'.

En lo que respecta a la reciente decisión, la Supernotariado señaló que Pérez Herazo, supuestamente, habría adelantado una actuación en la que 'afectó el tamaño de un predio de 95 a 5 hectáreas'.

La investigación desarrollada por la Oficina de Control Interno de la entidad se basó en la denuncia de una persona que señala al registrador de haber tomado la supuesta decisión sobre una 'cosa juzgada', que, en específico, fue la modificación de la Resolución 261 del 27 de abril de 2009, en la que se concluía que el predio tenía el área descrita (95 hectáreas) y, al parecer, Pérez Herazo lo modificó a 5.

'La decisión de suspender provisionalmente al registrador está basada en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 que indica que a todo servidor público le está prohibido incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en las normas y tratados internacionales vigentes en el país', reza el comunicado.

Esta casa periodística conoció información que está vinculada a una queja de 'vigilancia judicial administrativa' enviada en abril de 2018 a la Procuraduría General de la Nación, así como a otros entes de control y de justicia, y que se instauró contra el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla.

La queja, en la que se aclara que no tuvo trámite de apertura de vigilancia judicial, tenía como base los presuntos hechos irregulares dentro del juzgado para favorecer a unas personas en trámites de sucesión de unos terrenos, aparentemente, obtenidos a través de una herencia familiar. Los terrenos en mención están ubicados en el corredor Universitario, en lo que antiguamente era la base militar El Pelú y hoy tiene sede una universidad y hay construidos otros inmuebles.

Entre los documentos aportados al ente de control para su inspección estuvo adjuntada la Resolución No. 261 de abril de 2009, la misma que hoy tiene ‘contra las cuerdas’ al registrador Pérez Herazo.

En dicha resolución de la Oficina de Instrumentos Públicos se 'restableció' que el terreno era de 95 hectáreas 4.812 metros con 25 centímetros, del folio de matrícula inmobiliaria No. 040-210789, y de eso se desprende un extenso proceso.

Sin embargo, en ese momento, la solicitante de la inspección hacía claridad en que esa resolución establecía algo que no se fijaba a lo cierto. 'Utilizando el folio 040-210789, que nunca debió abrirse, se están adelantando tres procesos de sucesión de las 90 hectáreas que supuestamente tienen dichos herederos y que supuestamente no habían vendido sus antecesores, resaltamos que no existen físicamente…'.

En ese orden de ideas, lo que ahora supuestamente trató de hacer el registrador fue revertir la decisión de 2009, pasando de 95 a 5 hectáreas, cuando no tenía las facultades para hacerlo.

'Por esa actuación, en específico, es que se da la suspensión del registrador', señaló un funcionario de la Superintendencia a este medio, haciendo énfasis en que existen más investigaciones dentro de la Oficina de Instrumentos Públicos.

Aparte de la investigación interna que se sigue contra el registrador local, el predio por el que hoy se le aparta del cargo ha estado envuelto en largos procesos judiciales, con relación a invasiones y litigios. Estos vinculan a distintos actores y, además, los casos han terminado perjudicando a propietarios de terrenos vecinos.

En ese sentido, existen dueños de terrenos contiguos al de la matrícula inmobiliaria No.040-210789 que se han visto afectados porque, según denuncias, terceros han tratado de conseguir mediante procesos judiciales y, a la fuerza, hacerse con hectáreas que no les corresponden argumentando que fueron recibidos en herencia.

En junio de 2015, indígenas pertenecientes a la etnia wayuu armaron cambuches y se asentaron en ese punto del corredor universitario, apoyando a una persona que reclamaba posesión de una parte de las 95 hectáreas relacionadas en la ya conocida Resolución 261 del 27 de abril de 2009.

En aquel momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla tuvo que intervenir en la zona, con apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, para desalojar a los invasores.

Incluso, años más tarde, la misma persona que reclamaba posesión en 2015 se vio vinculada a una investigación de la Fiscalía 46 de la Unidad de Patrimonio Económico, en la que el denunciante fue la Unidad de Restitución de Tierras.

Según la investigación, 'personas inescrupulosas pretendían hacerse pasar como víctimas del conflicto armado y, en consecuencia, incluir el predio en cuestión dentro de la lista de tierras despojadas. La Unidad de Restitución de Tierras, con apoyo del ente investigador, logró determinar que dichas personas no eran víctimas conforme a la Ley…'.

Frente a toda esa situación que se ha derivado a raíz de las actuaciones dentro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, EL HERALDO conoció que la Superintendencia de Notariado y Registro ordenó el cierre del folio en el que está la matrícula inmobiliaria No.040-210789, para evitar que tenga otra 'modificación' aparte de las 48 que se le han hecho y que están consignadas en el documento. Al menos, hasta que un togado defina qué hacer con la extensión del terreno: si en realidad el lote tiene 5 o 95 hectáreas.

Por otro lado, en comunicación con este medio la Supernotariado detalló que la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla continuaba su atención al público de manera habitual.

La Superintendencia de Notariado y Registro informó ayer, además de la suspensión temporal del registrador local, sobre los resultados de la intervención de diciembre en la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

Entre los hallazgos irregulares se encontraron: 'demoras injustificadas en los tiempos de respuesta entre la radicación y la entrega de documentos a los usuarios'.

Además, 'se encontró una posible negligencia en el impulso de actuaciones administrativas en cinco casos, dos con más de cinco años de estudio sin que se profiriera una decisión. Una con cuatro años en la misma situación y otras dos con más de un año de trámite'.

Frente a este panorama, la Superintendencia de Notariado estableció que el estado de la oficina era 'crítico'.