Las posiciones encontradas entre el Juez Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla, David Saade Morad, y los organismos de control por la decisión de enviar a su lugar de residencia a Enilce López Romero, alias 'La Gata' —como beneficiaria del programa Home Care—, hoy demuestran las fisuras del sistema penal colombiano.
El pasado 23 de enero, por disposición del togado, se protocolizó el traslado de la condenada a su residencia de la carrera 59 con calle 91, en el norte de Barranquilla, para que continuara allí pagando su deuda con la Ley.
Llama la atención que solo después de conocido el fallo, a mediados del mes de diciembre de 2017, entes como la Fiscalía, Procuraduría y Medicina Legal, alertaron sobre la situación, muy a pesar de que el proceso ya se venía dando desde tiempo atrás y dichos organismos tenían conocimiento del caso. Así quedó demostrado en la exposición de motivos del juez para sustentar su decisión.
El pasado jueves primero de febrero, la Procuraduría pidió al juez Saade Morad revocar la detención domiciliaria concedida a ‘La Gata’, al considerar que la ex empresaria del chance mintió al no reportar que el inmueble donde permanece se encuentra embargado dentro de un proceso de extinción de dominio.
A través de un comunicado, el ente de control citó: 'López Romero faltó a la verdad al no informar la situación particular del bien, por lo que no podía manifestar ni material ni jurídicamente que ese era su lugar de residencia, con lo que obvió los requisitos legales y obtuvo beneficios indebidos'.
Sin embargo, EL HERALDO conoció que desde el 22 de septiembre de 2017 un delegado de la Procuraduría en Barranquilla había avalado el traslado de ‘La Gata’ a su casa y presentó ante el despacho del Juez Sexto un escrito en que manifestaba que 'prevaleciendo el derecho a la vida y un adecuado tratamiento médico que tienda a propender por la recuperación de la sentenciada Enilce del Rosario López Romero, sírvase señor juez atender las sugerencias médico científicas expuestas en el dictamen de salud y ordenar traslado a una institución destinada para tal fin (centro hospitalario de tercer nivel) o una institución que maneje el programa Home Care, que puede ser inclusive dentro de su residencia una vez que se constate por parte de su despacho que cumple con los requerimientos para brindar el adecuado tratamiento. (…) De acogerse esta petición que en mismo sentido está formulando el defensor (abogado Diego Muñetón), se deberá hacer el seguimiento respectivo de la evolución en su recuperación'.
'Debe seguir en el hospital'
Algo similar a lo ocurrido con la Procuraduría sucedió también con Medicina Legal.
El director del instituto, Carlos Eduardo Valdés, advirtió tras publicarse la sentencia en la prensa que ella 'debía seguir recluida en el hospital Cari de Barranquilla y no en su casa'.
No obstante, en el proceso llevado por el Juzgado Sexto se lee que un comité médico recomendado por Medicina Legal, el cual se materializa el 6 de junio de 2017, arrojó la siguiente conclusión sobre la salud de López Romero, dictamen que sirvió, según el juez, para tomar su decisión: 'Por los hallazgos anteriormente anotados los citados (…) concluimos que la paciente Enilce López Romero por su estado nutricional deficiente se encuentra inmunocomprometida y expuesta a infecciones nosocomiales, por lo que consideramos debe recibir tratamiento con el programa Home Care con el fin de resolver prontamente situaciones de descompensación. Y debe estar bajo la supervisión estricta de un equipo médico y nutricional multidisciplinario que la atienda en Home Care implementando por su aseguradora de servicios de salud'.
Más adelante, en otra conclusión de Medicina Legal de fecha 5 de septiembre de 2017, se emite una respuesta con respecto al programa Home Care: 'La junta de especialistas de la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia propone la inclusión de la paciente en un programa Home Care que sí cumple con los objetivos indicados anteriormente, se homologa al centro de atención médica para pacientes crónicos, el cual debe estar cerca de un hospital de tercer nivel y garantizando el traslado en caso de que presente descompensación de alguna de sus patologías, la cual fue propuesta en el anterior estado de salud'.
Según expuso el abogado Diego Muñetón el 2 de enero, a las afueras del Cari, Enilce López presenta '27 patologías base: desnutrición proteico calórica, isquemias, problemas de cardiopatía, sangrando digestivo y obstrucciones pulmonares crónicas'.
'El togado produjo la decisión en aras de preservar sus derechos fundamentales, aclarando que no se trata de un beneficio, sino de un derecho que está establecido en la Constitución Política y en el ordenamiento penal', sostuvo Muñetón.
A pesar de las críticas de los entes de control, el juez Saade ratificó su decisión, lo que hoy también lo tiene inmerso en una investigación.
Vivienda embargada
En medio del embrollo del trámite judicial, está en entredicho el papel de la Fiscalía General, pues el inmueble donde ‘La Gata’ cumple con su arresto domiciliario figura en un proceso de extinción de dominio desde 2014.
Luego de la salida del hospital de la ex propietaria de la casa de apuestas Uniapuestas, el ente investigador ha buscado afanosamente revertir el fallo con oficios que le señalan al juez la improcedencia de utilizar la residencia como su nuevo lugar de reclusión.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a EL HERALDO que la responsabilidad de que la casa de la condenada ex empresaria del chance esté en 'ocupación irregular' por parte de la peluquera Maricel Barrios Inela, corresponde a la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
Del ente acusador señalaron a este diario que un vez se dictó la medida contra la vivienda de López se entregó a la SAE para que la administrara.
Sin embargo, la SAE detalló en el comunicado emitido esta semana el recorrido que hizo junto con el depositario, la Inmobiliaria Bustamante Vásquez, para tratar de que la casa en extinción de dominio de 'La Gata' fuese desocupada por Maricel Barrios Inela.
Asegura la SAE que 'desde agosto de 2014 hasta octubre de 2017, el depositario Inmobiliaria Bustamante Vásquez, como responsable de la administración del inmueble, adelantó seis acciones administrativas para la legalización de la ocupación o entrega voluntaria del bien con la ocupante irregular Maricel Barrios Inela'.
Actualmente, la SAE señala que está 'analizando la procedencia jurídica de ejercer la facultad de policía administrativa para recuperar la tenencia material del inmueble'.
Por su parte, Maricel Barrios Inela, la mujer que según la Sociedad de Activos Especiales ocupa irregularmente la casa en que se le dictó detención domiciliaria a López Romero, aseguró que no vive allí.
Barrios Inela es oriunda de Magangué, localidad de la que López Romero fue ama y señora durante varios años y uno de sus hijos, alcalde.
Aunque aún no se ha establecido el nexo con López Romero, en las redes sociales aparece con contactos de políticos y de la propia 'Gata'.
Todo esto refleja los más recientes eslabones de la cadena de presuntas irregularidades que ha tenido la etapa carcelaria de Enilce López, condenada a 37 años de prisión como determinadora del homicidio de Amaury Fabián Ochoa Torres, perpetrado el 12 de junio del año 2000 entre los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas (Sucre).
López no ha pagado más de dos años en prisión y la mayoría de la pena la ha cumplido en hospitales, donde logró establecer sus propias condiciones de reclusión.
Su principal argumento es su estado de salud. De acuerdo con reportes de las valoraciones entregadas por el instituto de Medicina Legal, que ha estudiado su caso los últimos 11 años, la polémica mujer presenta desnutrición producida por un cuadro de anorexia –no pesa más de 34 kilos– y depresión, y no ha podido superar su condición clínica crítica.
Desde entonces, su equipo de abogados ha tratado de que pague su condena de una forma menos agresiva que la de estar en una cárcel y hasta ahora lo ha conseguido.
La puerta y el jardín que dejó en el Hospital Cari
Enilce López Romero abandonó la noche del martes 23 de enero el Hospital ESE Cari de Alta Complejidad, centro asistencial en el que estuvo internada desde enero de 2014 por orden del Inpec y en cumplimiento de una condena por homicidio.
En el recinto siempre se tejieron distintas versiones en torno a su permanencia en el lugar, incluso trabajadores dijeron que muchas veces desmintieron rumores sobre lo que la ex empresaria del chance hacía en su estancia.
Tras la salida de la mujer, una enfermera manifestó en diálogo con EL HERALDO que en algún momento había escuchado a un particular mencionar que la empresaria había mandado a tumbar paredes, cambiar pisos y poner una caja fuerte empotrada en el baño.
'Apenas escuché eso le dije a la persona que todo era mentira, que lo único que ella había hecho era mandar a poner la puerta blindada de hierro que solo se abría desde la parte interior de la habitación. Lo demás fue un somier que ella usaba para dormir, una nevera, un televisor de los ‘planitos’ y un WiFi (módem)', contó la mujer. Otro de los detalles que reveló la enfermera fue que López Romero era sacada casi todos los días a su paseo matutino por la planta baja del centro asistencial, específicamente en una zona donde ella misma pagó para que se construyera un jardín. El sitio, adornado con palmeras y otras plantas ornamentales como buganvillas y cayenas, era –según fuentes del hospital– una especie de ‘bálsamo’ para su encierro. El jardín también está adornado con flamencos de cemento y una fuente.
