Colombia enfrenta ahora el reto de recuperar el control sobre su frontera, fortalecer una política de seguridad debilitada por la pérdida de capacidad de las Fuerzas Armadas, proteger a los miles de víctimas que está dejando esta crisis y, finalmente, definir cuál será la relación futura con la dictadura vecina. Superar esta situación será un desafío mayúsculo, y esta crisis marcará tanto los resultados electorales de 2026 como el futuro político del país.
Esta realidad, que se muestra ampliamente en el álbum de Bad Bunny –uno de los más escuchados en este momento alrededor del mundo–, también la están enfrentando ciudades que resultan atractivas para personas que tienen ingresos en moneda extranjera, que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo.
Tanto los venezolanos como los colombianos que habitan estas regiones fronterizas están a merced de las decisiones arbitrarias del régimen de Maduro, lo que constituye otra razón de peso para respaldar la transición hacia la democracia. Solo así será posible construir un Estado donde las relaciones fronterizas se basen en una cooperación verdadera y abierta.
Finalmente, las reformas pendientes dependerán, por un lado, de los congresistas que, dependiendo del tipo de votación que representan, podrían acercarse al petrismo o, por el contrario, mantener una postura crítica para reflejar el control político que exige la ciudadanía.
Nadie discute la importancia de que el salario mínimo se ajuste anualmente de acuerdo con el desempeño económico del país. Lo que resulta preocupante es que estas decisiones se tomen de manera unilateral por el gobierno, ignorando las implicaciones que tienen para la economía.
Las democracias plenas, caracterizadas por libertades y ausencia de riesgos de regímenes autoritarios, están en peligro a nivel global, al igual que los consensos internacionales sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos como parte esencial de las democracias modernas.
Más allá de los movimientos feministas, es fundamental que todo el país rechace de manera contundente la visión misógina y regresiva que el gobierno está adoptando en relación con los temas de género.
La calidad de la democracia se ve afectada porque, al final, el presidente y su gabinete asumen un rol casi omnipotente, utilizando los recursos públicos como herramienta para asignar proyectos en las regiones a cambio de votos en el Congreso. Este esquema fomenta una peligrosa concentración del poder en el Ejecutivo y distorsiona el principio de pesos y contrapesos.
la oportunidad de cumplir sus sueños. La educación, como pilar fundamental en la construcción de una sociedad, se erige como una de las herramientas más efectivas para combatir la desigualdad, una tarea urgente en Colombia.
En este contexto, las universidades privadas no solo son esenciales para impulsar la movilidad social de sus estudiantes, sino que suplen, desde el sector privado, las carencias de lo público, al menos hasta ahora.
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