Petro ha querido redefinir la seguridad como un concepto moral, cuando es ante todo una función constitucional. Ha querido convertir a las Fuerzas Armadas en actores sociales, cuando su misión es garantizar la soberanía, el orden y la protección de los ciudadanos.
La empresa más importante del país no puede seguir siendo rehén de objetivos políticos coyunturales ni de una doctrina energética que ignore la realidad. Ecopetrol necesita un cambio de rumbo, urgente, y estructural.
Los aeropuertos crecen por inercia, no por visión; se amplían por congestión, no por planificación. Mientras otros países entienden sus aeropuertos como nodos logísticos para desarrollo regional, Colombia sigue atrapada en concesiones fragmentadas y decisiones reactivas.
Colombia está pagando el precio de la incertidumbre institucional, la falta de reformas productivas, y la desconexión entre discurso político y confianza empresarial. El país no necesita una nueva ideología económica, sino un rumbo claro.
El problema no es la falta de jugadores, es la falta de sistema. El fútbol colombiano necesita una transformación urgente si quiere ser competitivo a nivel internacional, rentable como industria, y sostenible como motor social. Tiene que dejar ser meramente una expresión deportiva para ser mas bien un motor de desarrollo.
Si Colombia quiere avanzar en la integración financiera con Perú y Chile, necesita habilitar plenamente la tenencia de monedas extranjeras, crear marcos regulatorios modernos multimoneda, y flexibilizar las reglas de inversión extranjera.
Además, esta decisión contradice el discurso del Gobierno sobre justicia tributaria. No se está cobrando más a los evasores, ni a las multinacionales elusoras, ni se está fortaleciendo la fiscalización. Se está extrayendo más de quienes ya tributan, los que están en el radar de la DIAN. Se castiga al formal mientras el informal sigue fuera del sistema.
La reforma propuesta por el gobierno pretendía reemplazar el modelo de aseguramiento con un sistema estatal centralizado. Sin embargo, fue archivada por el Congreso en 2024, tras recibir fuertes críticas por su falta de claridad técnica, inviabilidad financiera, y riesgos de politización.
Necesitamos desarrollar una red robusta de centros de datos locales, distribuidos estratégicamente por regiones, con estándares internacionales de seguridad, sostenibilidad y conectividad. Esto no es un lujo, es un requisito de competitividad.
Es necesario crear un estatuto laboral para el contratista estatal, con garantías mínimas y protección social. Y, sobre todo, ha llegado el momento de que el Estado colombiano abandone el doble discurso: no se puede hablar de justicia social mientras se reproduce la precariedad desde el poder. Si el trabajo es la base del contrato social, el Estado debe ser su primer garante, no su primer infractor.
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