Petro y sus ministros incurrieron en el delito de prevaricato para intentar imponer una Consulta que ya fue rechazada por el Senado, decisión que no ha sido declarada ilegal por ninguna autoridad del poder judicial. Con desvergüenza pretenden arrogarse el derecho a convertirse en una especie de organización promotora de esta ilegalidad.
Quienes crean que porque Petro ganó la Presidencia y dice ser el representante del “pueblo” puede violar la Constitución se equivocan de cabo a rabo, porque eso es pensar con un sueño de golpe de Estado, el peor e ilegal paso imaginable.
Estalló un gran escándalo porque Ecopetrol infló un contrato en cinco millones de dólares con una firma de abogados norteamericana, contratada para medir el impacto de las andanzas de Roa en la desvalorización de las acciones de Ecopetrol en la bolsa de Nueva York.
Tan mediocres fueron los preparativos del viaje, que Petro fue capaz de hacer demagogia hablando de exportarle cebolla a China, cuando ese país produce 24 millones de toneladas, 37 veces más que Colombia.
La experiencia nos dio la razón a quienes advertimos el desastre que venía, advertencia que hicimos porque estudiamos el problema y no asumimos el autoengaño de soñar que Colombia –¡y más desprotegida por el TLC!– iba a vencer en la competencia a Estados Unidos: un país con una economía 75 veces mayor, altísimos desarrollos científico-técnicos y enormes subsidios del Estado a su economía, incluidos 75 mil millones de dólares anuales al agro.
Y no debe sorprender que Petro haya procedido así contra Ecopetrol. Porque es conocida su animadversión irracional al petróleo”.
Los aranceles a las exportaciones impuestos por Donald Trump además de agredir a China y al puñado de países desarrollados, golpeó a los subdesarrollados.
Para profundizar en su mesianismo y autoritarismo, Petro desconoce decisiones de los jueces y no responde por la corrupción en su gobierno, porque, avivato, solo la ve en los gobiernos de sus antecesores.
Los colombianos debemos seguir reclamándole al gobierno y, a la par, empezar diálogos democráticos en pos de un amplio acuerdo sobre la reforma deseable y posible de la salud del futuro. A partir de no estatizar el sector ni acabar con las EPS, pero sí controlarles sus utilidades y la mejoría del servicio. Y, por supuesto, acordarnos en mejorar el servicio de las IPS públicas y privadas.
Que no nos traten entonces como a idiotas y que Hughes explique por qué escogieron de aliada a la tramposa Astrea, quién les hizo el contacto con esa firma, qué mérito le vieron y qué papel profesional –no de simple mensajera– tendría en defensa de los intereses de Colombia. Y que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a fondo para qué, en realidad, la contrataron.
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