En ese sentido, de ahora en adelante, la regla para los clientes debe ser un silencio absoluto en todos los frentes: en medios de comunicación, en conversaciones que puedan filtrarse, en redes sociales y, en general, frente a cualquier escenario donde una frase mal entendida termine siendo usada en su contra.
El contraste es indignante. Mientras a excomandantes guerrilleros responsables de más de 21.000 secuestros se les concede una sanción débil y casi decorativa, a miembros de la Fuerza Pública se les imponen condenas mucho más severas. Ese doble rasero destruye la confianza en la justicia.
El defensor público no puede convertirse en un castigo contra supuestas dilaciones y mucho menos bajo la figura de la suplencia.
La reforma fiscal puede ser necesaria, pero solo tendrá legitimidad si protege primero a quienes menos tienen. En un país con tanta desigualdad, no hay nada más injusto que una reforma que, en nombre de los más vulnerables, se termine haciéndolos más pobres.
Es la oportunidad de exigir a los candidatos un proyecto serio, viable y con visión de largo plazo. Porque las elecciones no son un concurso de frases, sino el momento de decidir, con madurez, el rumbo de un país que sigue buscando salidas a sus heridas más profundas.
Lo que debe quedar claro es que el proceso penal no puede ser un castigo adelantado, ni un escenario para venganzas políticas y que la presunción de inocencia solo se desdibuja con un fallo en firme.
La muerte de Miguel debe unirnos y no sumergirnos en más en discursos de odio que nos dividen y siguen perpetrando los ciclos de violencia, debemos rechazar cualquier justificación de estos crímenes y exigir una justicia que no sea a medias
Este no es un juicio sobre Uribe. Es una prueba de coherencia para el Estado de derecho. Si hoy ignoramos la presunción de inocencia con él, mañana podríamos hacerlo con cualquiera y ningún ciudadano está exento de pasar por un proceso penal.
La justicia no puede operar a conveniencia ni por popularidad. El proceso penal debe ser una garantía frente al poder, no un instrumento de persecución.
Lo que sí ha existido es una campaña sistemática para desacreditar políticamente al acusado, utilizando el poder simbólico del aparato judicial como herramienta de castigo, como si por tratarse de un expresidente él no tuviera derecho a la presunción de inocencia.
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