El que presente y comunique mejor sus propuestas de gobierno en los debates y manifestaciones públicas, tiene asegurado un puesto en el podio de la clasificación general, y si logra adhesiones de partidos políticos, organizaciones sociales, gremiales y sindicales, será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
El caso más patético lo vimos con los pronósticos de la supuesta caída de las exportaciones y quiebra que presentarían los sectores exportadores al mercado de los Estados Unidos con los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump.
Lo más grave de esta seguidilla de errores en la política arrocera es que, ahora, optaron por regular los precios en la cadena industrial, comercial y de consumo. Esta disparatada medida de intervención estatal en el libre mercado, tiene frenadas las compras de arroz y puede disparar la inflación. Están apagando el incendio con gasolina.
La ausencia de un programa de ordenamiento productivo y de un mecanismo de control o distribución de los contingentes de importación hizo que los precios de la producción nacional se fueran al piso.
Agricultores que no quieren asumir como suyas la responsabilidad de corregir sus propias ineficiencias y de ser protagonistas de la solución de sus problemas, en vez de seguir mendigando a los gobiernos de turno ayudas, subsidios y condonaciones de deudas.
En varias ocasiones he sugerido al Ministerio de Agricultura, Fasecolda y Finagro, crear un esquema de coaseguro. Este sistema ayudaría a enfrentar riesgos que, por su intensidad, frecuencia impredecible y costo económico, son muy difíciles de asumir por cualquier aseguradora que trabaje sola.
Barranquilla es la esquina mejor ubicada de Latinoamérica para desarrollar un ‘Food hub’ logístico, con el fin de producir, transformar y proveer de alimentos a un círculo de 100 millones de personas que están a una distancia no mayor de cinco horas por vía marítima, aérea y terrestre de la ciudad.
Para evitar la quiebra de los productores de arroz, debemos descartar de plano las pseudo-soluciones utópicas que solo contribuyen a confundir a los agricultores y a perpetuar los problemas del agro. El agobiado sector arrocero está exigiendo soluciones de verdad, que puedan efectivamente ser llevadas a la práctica y perdurables en el tiempo.
En Colombia, sucede todo lo contrario. Las ayudas económicas a los productores del campo se entregan con criterio político, de manera arbitraria y sin focalización en la productividad ni fomento a las agroexportaciones.
Desde este espacio propongo comenzar por la supresión de las 64 contralorías territoriales, unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General y crear un “Tribunal de Cuentas” como órgano desconcentrado, encargado de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal que surjan como consecuencia de los hallazgos fiscales configurados por la Contraloría General y Única, fruto del proceso auditado.
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