A quienes no lo saben o lo han olvidado, debo decirles que lo ambiental fue esencial en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. De ahí que nuestra Constitución sea considerada una Constitución ecológica, tanto por su articulado como por las sentencias que ha proferido la Corte.
La protección del bosque seco tropical es una obligación de las autoridades ambientales nacionales y locales en cumplimiento del artículo 58 de la Constitución, de las leyes y sentencias de la Corte, pues la propiedad, aunque sea privada, óigase bien, debe cumplir una función ecológica.
En este largo ejercicio periodístico siempre he tenido la precaución de basar mis trabajos en hechos, estudios, libros y voces expertas. Y sobre todo me he esmerado en escribir fundamentado en la motivación profunda de servir el interés público.
Henao omite que Ciudad Mallorquín es una derivación del Pomca 2017 y que donde se construye solo era posible una actuación urbanística de bajo impacto de acuerdo con el Pomca 2007, es decir, respetuosa de la riqueza forestal, la cual convirtieron, mediante un artificio tecnicista, en vegetación secundaria baja con la intención evidente de reducir el bosque lastimado a un monte sin ningún valor ecológico.
Yo quiero subrayar hoy esto: está en manos del Gobierno nacional poner al servicio de la solución energética de Atlántico, Magdalena y La Guajira la solidez, experticia y confianza que brindan empresas como ISA Transelca y Gecelca, en las cuales, como se ha dicho, el Estado es socio mayoritario.
La izquierda hoy en el poder tiene un delirio que resalto: cree que el obstáculo para obtener la favorabilidad mayoritaria de la opinión pública son los medios de comunicación. Como si estos hubiesen fabricado los escándalos de corrupción de este Gobierno.
El municipio de Puerto Colombia. Este argumenta que los planes parciales aprobados a Ciudad Mallorquín se avienen a su PBOT. Pero no admite que validó un proyecto de Vivienda de Interés Social en alturas no permitidas.
El calvario que vivimos los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira con Electricaribe y estamos viviendo con Air-e, tiene que llegar a su fin. Seguimos padeciendo un mal servicio, altas tarifas y podríamos sufrir el desastre de un apagón.
Es cierto que en el corto plazo se atrasarán algunos proyectos en Puerto Colombia o en Barranquilla, (dependiendo del tema de límites), pero también es una oportunidad para que haya revisiones de los planes de ordenamiento territorial y una redefinición de las visiones urbano-ambientales.
Creo que no ha sido en balde nuestro persistente ejercicio de participación y veeduría ciudadana. Desde luego, falta que la CRA produzca un nuevo Pomca respetuoso de nuestros ecosistemas, que la justicia administrativa actúe frente a la acción popular de la PGN coadyuvada por la sociedad civil y que la Fiscalía use todo el acervo investigativo a su disposición para iniciar las acciones propias del ente acusador.
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