Ahora sí arrancó la campaña
El ultimátum siempre termina en la convocatoria al pueblo a salir a las calles.
El ultimátum siempre termina en la convocatoria al pueblo a salir a las calles.
Hace 42 días se declaró la conmoción interior, y a hoy nada ha cambiado aquí. De los 10.000 soldados prometidos han llegado solo 3.800; tampoco vino el general de división Erik Rodríguez, y todavía hay 55.000 desplazados entre Cúcuta, Tibú y Ocaña y 25.000 personas confinadas.
El sector energético está en jaque. La ideología inspira hoy todas las decisiones al punto de poder afirmar que la política energética consiste precisamente en acabar con los recursos y avanzar peligrosamente a la pérdida total de nuestra autonomía y autosuficiencia.
Lo que no es válido es que una cámara adopte automáticamente lo que la otra ha decidido sin realizar su propio análisis. Esta práctica anula el propósito del debate legislativo y reduce la aprobación de las leyes a un simple trámite, en lugar de un proceso de deliberación.
Para restablecer la confianza y dar las señales adecuadas es fundamental que el Gobierno pague a las empresas distribuidoras de gas natural y GLP los montos que por sumas superiores a los 800.000 millones de pesos les adeuda desde marzo del año pasado, impactando toda la cadena de suministro.
Entre los aspectos más preocupantes del circo presidencial destacaría la confesión de la ministra de Justicia, creyendo que ya no se estaba transmitiendo la sesión, sobre el fracaso e imposibilidad de la llamada ‘paz total’ y la inseguridad reinante en todo el territorio. Qué bueno sería que lo dijera de cara al país.
Lo que se puso en juego en la madrugada del pasado domingo fue, en pocas palabras, la estabilidad económica y social del país. Pero nada de esto debió pasar por la mente del señor Petro, cuyo paradero y condición aún se desconocen y sobre las cuales han circulado preocupantes versiones que el país tiene derecho a que se aclaren.
Por cuenta de la ‘paz total’ y desde que Petro llegó al Gobierno el Eln ha tenido un crecimiento bestial.
Toda esta insensatez e improvisación le costará al país, tan solo en compensaciones, una cifra superior a los 1,5 billones de pesos. Este riesgo se le había advertido al Gobierno desde 2023 sin que hicieran nada para solucionarlo. Ahora tratan de apagar un incendio que ellos mismos se encargaron de atizar.
Las más de 250.000 tutelas presentadas por los usuarios en 2024, y sobre las cuales ha llamado la atención la Corte Constitucional, importan poco al Gobierno. Estamos frente a un claro y ostensible desacato. ¿Qué estará esperando la Corte para actuar ante semejante situación?