Mientras el Gobierno habla de crisis fiscal y se burla del Congreso y de la independencia de poderes decretando una emergencia económica, que en buena hora la Corte suspendió, se dispara el gasto, la contratación y el clientelismo.
Ninguno de los hechos invocados por el Gobierno como fundamento de una presunta calamidad –con la cual se pretende justificar esta emergencia– tiene carácter sobreviniente, extraordinario, imprevisible o repentino.
Lo que pretenden está claro, desmontar uno por uno los pilares de nuestra arquitectura constitucional: la democracia, el Estado de derecho y el modelo de funcionamiento de los poderes públicos.
Ya está bien de seguir engañados, ni Petro ni el candidato Cepeda respetan la Constitución. Aun cuando reclaman su coautoría, nunca les ha gustado, ven en ella una talanquera al ejercicio del poder sin restricciones. Detestan al Congreso, a las cortes y a los órganos de control.
Y el impacto más devastador lo veremos en inflación pura y dura. El peor de los castigos a los bolsillos de los más necesitados. Los primeros efectos se verán sobre los bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, como los copagos en los servicios de salud, los precios de vivienda de interés social e interés prioritario, entre otros.
En gran parte del territorio hoy mandan estos delincuentes, controlan la movilidad, imponen horarios, restringen campañas y deciden quién entra y quién no. No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder.
La verdad, no había cómo defender semejante adefesio ni país que resistiera la combinación de improvisación y desbordado apetito fiscal. Más recursos para este gobierno de manirrotos cuyo propósito no es nada distinto a financiar la permanencia del petrismo en el poder en el año electoral que se avecina.
Y como si fuera poco, el episodio del fallo del Consejo de Estado sobre la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, en el que, no contento con haber recurrido el fallo, ha ejecutado toda clase de maniobras para incumplir lo ordenado.
Lo que estamos viendo es la sustitución del Estado y su institucionalidad por una alianza del Gobierno con grupos armados ilegales a los que no se combate sino que se protege y cuyo protagonismo y alcances se harán más relevantes a medida que nos acerquemos a las elecciones.
Petro prometió acabar la corrupción, pero la realidad es que convirtió su mandato en botín electoral, en plataforma de negociación de apoyos y conciencias y en refugio de delincuentes.
Opens in new windowMiembro de:
