Para sorpresa de todos, el Presidente Petro, después de anunciar que “Ecopetrol será la encargada de importar gas más económico, acabando con los monopolios privados en este proceso”, se vino lanza en ristre contra el gas natural.
De aplicarse la nueva fórmula propuesta el ingreso al productor de etanol y biodiesel se reduciría en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias.
Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar la red con el campo Chuchupa, uno de los históricos productores de gas en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación.
En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”.
La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico.
Como contexto es importante destacar que el mismo está precedido por la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a la Cláusula de escape de la Regla fiscal para desembarazarse de su cumplimiento y tener las manos libres para gastar sin límites.
No es previsible que en el corto plazo Venezuela pueda disponer de la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente de su territorio hasta empalmar con el desastrado gasoducto Antonio Ricaurte en el Estado Zulia, que toca rehabilitar, lo cual demanda una cuantiosa inversión que la quebrada PDVSA no está en condiciones de asumir.
El gobierno se vanagloria y hace alarde aduciendo que esta es la contribución de Colombia a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático. Pero, la realidad es otra, el mundo no deja de consumir carbón por el hecho de que Colombia deje de extraerlo y exportarlo.
El Ministerio justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo; consideró inviable el cumplimiento de las metas paramétricas de la regla fiscal. Según el Ministerio, la alternativa viable para asegurar financieramente el funcionamiento básico del Estado en el corto plazo es la activación de la cláusula de escape.
Tanto la Procuraduría como la Contraloría coinciden en que la delicada situación financiera que afronta la empresa Air-e y que llevó a su intervención no es un caso aislado, es sólo la punta del iceberg, pues las demás empresas comercializadoras afrontan una situación similar.
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