La oralidad, el folclor, las leyendas y, por supuesto, “las penurias, humillaciones y miserias de que son víctimas los negros”, llevaron a Zapata Olivella a tener no sólo el conocimiento, por el cual es el colombiano más mencionado en la bibliografía mundial sobre el tema afro, sino la conciencia de raza que definió todas sus facetas.
Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose en el catalizador que la hizo posible.
De manera que esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerle justicia a las regiones. Muchas de las críticas y de la oposición a este proyecto que han tenido un efecto mediático en los últimos días son infundadas.
Y fue más lejos el Consejo de Estado al dejar establecido que la Nación “deberá acordar con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de manejo ambiental (PMA), bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 de la Carta”. Así de claro!
Cabe preguntarse desde cuándo una reforma a la Constitución es inconstitucional. La reacción desde las regiones no se ha hecho esperar, el referendo por la autonomía fiscal de las regiones ha cobrado vuelo y ya el número de firmas superó el millón. El presidente Petro y el ministro Cristo tienen la palabra!
Ecopetrol se vio en la necesidad de suspender el suministro de gas natural a un grupo de empresas, para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas”, que ya participan con más del 35% de la demanda atendida por el Sistema interconectado Nacional (SIN).
El actual gobierno, que preside Gustavo Petro, se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia, alejándose gradualmente de ellos.
Lo grave está en que la liquidación no le da liquidez a las empresas sino el giro, que no se hace efectivo. La solicitud de parte de Air-e para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.
Ahora que se anunció por parte del Gestor interventor de Air-e la suspensión del cobro y pago de la deuda por concepto de la Opción tarifaria, en momentos en los que los usuarios han pagado las dos terceras partes de la misma, bueno es aclarar que al igual que sucedió en 2020 con esa medida no se está exonerando al usuario del pago de la Opción tarifaria, ni se la están condonando.
Queda ahora en manos del Gobierno y será su responsabilidad la de garantizar la prestación del servicio con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad, tal como lo mandan las denostadas Ley de servicios públicos y la Ley eléctrica. El primer reto que tendrá el agente interventor será solventar la empresa para que esta tenga la liquidez necesaria y suficiente para comprar la energía que Air-e distribuye, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá garantizar el flujo de caja.
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